Senadores panistas proponen plan de 10 puntos para ahorrar 582 mil mdp

Agencias. Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil y Jorge Luis Lavalle, hicieron una propuesta de 10 puntos a fin de atender de manera eficiente la emergencia económica que vive el país.

Por escrito, los congresistas aseguraron que las 10 medidas en su conjunto y que implican la desaparición de algunas secretarías de Estado y organismos públicos, así como recortes considerables a los salarios de funcionarios de gobierno, en el gasto a los partidos políticos y modificaciones a la elaboración del Presupuesto, generarían recursos por más de 582 mil millones de pesos que deberán destinarse al pago de deuda.

Señalaron que la solución al problema del “gasolinazo” y las malas decisiones económicas del Gobierno Federal es una reducción real y estratégica del gasto público, no “simbólica” como lo propuso el Ejecutivo Federal.

Indicaron que es necesario eliminar fondos, programas subsidios y burocracia ineficientes, así como implementar 10 acciones concretas que en su conjunto pueden frenar la crisis que va más allá del alza en los combustibles.

Plantearon reducir  10% el gasto programable de la administración pública federal, incluyendo a los organismos autónomos, pero sin tocar los recursos destinados a salud, las empresas productivas del estado y los órganos reguladores.

Propusieron Reducir en 50% lo destinado a Provisiones Salariales y Económicas y el dinero para “moches” o gestión en los estados y municipios que se destina en el paquete presupuestal; recortar en 50% el dinero a los partidos políticos en temporada electoral y al 100 por ciento para actividades ordinarias.

Desaparecer la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Caminos y Puentes Federales (Cafuepe), la Procuraduría Agraria, los tribunales agrarios, cuyas actividades deberán ser reasignadas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Poder Judicial.

También se pronunciaron a favor de fusionar las secretarías de Turismo y Energía a la de Economía, que deberá operar con la mitad de los recursos que esas tres dependencias gastan.

Pidieron enviar todos los remanentes del Banco de México (Banxico)  al pago de deuda; así como crear una comisión especial en el Senado, para dar seguimiento al gasto público, evaluar programas sociales, federales y estatales; dar seguimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, a la realización de obras de infraestructura y a las concesiones de Cafupe.

De igual modo, solicitaron que al Comisión de Energía del Senado se encargue de revisar la estructura de costos de combustibles; aplicar subsidios focalizados al diésel agropecuario, marino y para el transporte de productos; evaluar los planes para mejorar la administración de Pemex en transporte  y almacenamiento de combustibles.

Asimismo, demandaron hacer cambios en el modo de aprobar el presupuesto, para que a Cámara de Diputados no pueda “etiquetar” recursos, así como separar la aprobación de los Ingresos y los Egresos.

En ese mismo tenor, señalaron que se debe crear una Ley General de Responsabilidad Hacendaria que homologue en el país las reglas presupuestarias; tipificar como delito el uso de recursos públicos fuera de programas sujetos a resultados; crear la Ley de Salarios Máximos, ajustar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para evitar huecos que permiten el uso discrecional del erario; y finalmente destinar todos los recursos que se ahorren a raíz de esa reingeniería al pago de deuda.

 Indicaron que con esas medidas, la Federación ahorraría 343 mil 897 millones de pesos; que sumados a los 239 mil 94 millones de pesos de los excedentes del Banco de México, conformarían una suma total de 582 mil 991 millones de pesos, equivalentes a 2.91 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Esa suma, insistieron, deberá ser destinada al pago de deuda.