Redacción. El debate legislativo en San Lázaro sobre el apoyo que deben recibir las mujeres víctimas de violación, en específico las que resultan embarazadas tras la agresión, está atorado y parece estar destinado a congelarse definitivamente.
El tamaño social del debate se percibe bien a partir de las cifras que brindó la diputada priista Laura Plascencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados: Más de 400 mujeres se encuentran presas en cárceles de distintas entidades de la República Mexicana por haber interrumpido su embarazo, específicamente en los estados de Jalisco, Puebla y Michoacán; también en Veracruz.
El “aborto inducido” es un delito considerado como grave en el código penal estatal. Organizaciones civiles reclaman que en muchos casos de violación, la cárcel revictimiza a las violadas. La Norma Oficial Mexicana incluye la asistencia y asesoría médica para recurrir al legrado legal. Eso desató las discordias.
Dictamen que sube y baja. Desde hace un par de semanas se tenía contemplado que en el pleno de la Cámara Baja se discutiera un dictamen que apoyaría y enriquecería a la NOM 046 mexicana, misma que obliga a las entidades de salud de todo el país a apoyar y atender a las mujeres víctimas de una violación y que, como resultado de la agresión, resultaran embarazadas.
En comisiones, merced a boicoteo panista, empezó el atorón. Diputadas federales de todos los partidos, con excepción de las panistas, tomaron la tribuna de San Lázaro para presionar a la mesa directiva, encabezada por la panista Guadalupe Murguía, para que el dictamen se discutiera en el pleno.
El martes de esta semana se volvió a cambiar la fecha para subir al pleno el dictamen que evitaría que una menor de edad, víctima de una violación, se convirtiera en madre. Sería este jueves cuando por fin diputados y diputadas discutirían el tema, pero el dictamen se removió ayer de la orden del día; es decir, ni siquiera se le mencionó.
Laura Plascencia Pacheco aseguró que por la contaminación que generaron diversos actores de carácter políticos, el dictamen que perfeccionaría la Norma 046 se “bajó” de la discusión del pleno de San Lázaro.
En entrevista con Crónica la legisladora prefirió no dar a conocer los nombres de quienes se opusieron a dictaminar.
“No vemos el consenso de todas las bancadas, traíamos la opinión muy dividida, la reforma cambio muchísimo, de ir impulsando la NOM, cambió a (enfocar) toda la normatividad vigente y el día de hoy consideramos que ya no es conveniente seguir desgastando el tema”.
–¿Cómo se desgasta un tema tan importante como este?
–Lo politizaron demasiado, indicó la legisladora.
El debate legislativo quedó así para otra ocasión.
La Norma Oficial Mexicana 046 prevé la interrupción legal del embarazo en caso de violación y el dictamen lo mencionaba como obligatorio en busca de mejorar la atención de mujeres víctimas de violencia sexual y familiar. Si hubiera prosperado, no se criminalizaría a una mujer que decidiera abortar el producto de una violación.
Sin embargo, “no hubo consenso, así que mejor lo retiramos para darle más solidez a los argumentos”. justificó la priista Plascencia sobre el atorón legislativo.
No obstante, argumentó que, digan lo que digan los opositores a la misma, la NOM 46 se debe aplicar. “Es una norma que se va aplicar quiera o no quiera la derecha, quieren o no quieran ciertos personajes”.
–¿Quiénes son esos personajes que menciona?
–Muchos, mencioné algunos antes; muchos, muchísimos.
–¿Puede dar dos nombres?
–Te mentiría con un nombre en específico, son muchísimas cosas –respondió.
Moraleja y morenista. Para la diputada morenista Araceli Damián el simple hecho de que factores morales hayan influido en este proceso, habla mal de la cámara de diputados, pues la manufactura, modificación y perfeccionamiento de las leyes no debería tener carga moral ni religiosa.
“Es cuestión de que esto lo están usando para negociar entre partidos políticos, pero también es una cuestión ideológica y de creencias religiosas: la cámara de diputados debe de estar por encima de las creencias religiosas, porque al final de cuentas es una decisión individual, las personas pueden decidir libremente lo que mejor les convenga, así es como viene la norma”, señaló.
De acuerdo con la legisladora de Morena, el 60 por ciento de las mujeres violadas en México tienen entre 10 y 20 años de edad, por lo que la edad es un factor determinante en el momento de tomar la decisión de proseguir con un embarazo o no,producto de una violación.
Diputadas del PRI, PAN, PES y MC presentaron un agregado al dictamen Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se precisa la atención que debe de tener una mujer violentada. Esto debería cumplirse en las instalaciones de salud del Gobierno federal en las entidades federativas.
La bancada del PAN argumentó que era una aberración jurídica mencionar la NOM 046, herramienta administrativa del Ejecutivo federal, en una legislación.
La propuesta de agregado indica que corresponde a la Secretaría de Salud crear programas de capacitación y evaluación respecto a la violencia contra las mujeres, a fin de garantizar la atención a las víctimas y la aplicación de la “normatividad vigente” en materia de violencia familiar y sexual.
En cuanto a los municipios, se señala que conforme a la ley y los ordenamientos locales deberán garantizar la atención a las víctimas con “la normatividad vigente”.
Las legisladoras agregaron un segundo artículo transitorio para precisar que las autoridades locales ministeriales y del sector salud celebrarán convenios que buscarán apoyar a las víctimas en casos de violencia familiar y sexual, así como para la presentación de la denuncia en las propias instalaciones de salud donde éstas sean atendidas.
LO QUE DICE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 046
6.4.2.7. En caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables.
(Con información de cronica.com.mx)
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