Por: Omar Sánchez
San Pedro Cholula, Pue. El día de ayer fueron dados de baja 18 custodios del Centro de Reinserción Social (Ce.re.so), de Cholula luego de que no aprobaran sus exámenes de control y confianza, elementos que el día 13 del mes pasado en el marco de una protesta ventilaron actos de corrupción por parte de dos funcionarios, que ya fueron dados de baja.
En tanto, el secretario de la Comuna, Ignacio Molina Huerta confirmó las bajas de lo cual afirmó fue el estado que por medio de la Academia Ignacio Zaragoza, consideró a los ex custodios no aptos para cumplir sus funciones, por lo que fueron separados de sus cargos.
Luego de 24 días de que surgiera este escándalo, el Ayuntamiento les ofreció trabajos administrativos “Guardias Ciudadanos”, de los cuales 15 aceptaron y tres prefirieron presentar su renuncia, quienes recibieron su finiquito correspondiente de acuerdo al secretario general.
Por lo que, el penal se quedó con 36 custodios, los cuales fueron integrados a dos guardias que operarán en turnos de 24 por 24 horas, situación que representa un grave riesgo para este inmueble con sobrepoblación de internos.
Además, Molina Huerta mencionó que será la directora del Cereso, María del Consuelo Reyes Rojas quien realice la nueva contratación de custodios, los cuales por filtro deberán contar con sus exámenes aprobados de control y confianza.
Agregó, que el subdirector de Seguridad y Custodia, así como el operador operativo del penal, Cuauhtémoc Chávez Ramírez y Fernando Roque, respectivamente, fueron dados de baja ya que presentaron su renuncia voluntariamente, quienes fueron acusados de ejercer corrupción en colusión con un interno de alta peligrosidad.
“Les notifique a los 18 de que fueron dados de baja, debido a que en los meses de agosto y octubre del año pasado se les hicieron sus pruebas de control y confianza no las pasaron”.
Molina Huerta afirmó que sigue la investigación en Contraloría Municipal, la cual está realizando las diligencias correspondientes, por lo que los ex custodios tendrán que seguir declarando por el caso que sigue abierto.
“Nos preocupa que el estado no quiera meter las manos, el estado ha hecho caso omiso a su obligación constitucional de hacerse cargo de la readaptación, todo lo que pase es culpa del estado”, concluyó.
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