Proponen exámenes toxicológicos a funcionarios de Baja california Sur

Notimex. El diputado Edson Gallo Zavala propuso modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus artículos 46 y 50, para hacer obligatorio la realización de exámenes toxicológicos cada semestre.

La finalidad, dijo, es que los servidores públicos estatales y municipales “cumplan de una mejor forma su labor y que su actividad de servicio a favor de la sociedad sudcaliforniana se realice con eficiencia, responsabilidad y honradez”.

En su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, dijo que buscan que los funcionarios “que provienen de elección como los de designación no sean adictos al uso de estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o farmacodependientes”.

Gallo Zavala enfatizó que paralelamente a los principios de lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia así como de capacidad que debe de tener un servidor público de carácter estatal o municipal en Baja California Sur.

Señaló que como legisladores están atentos a que los cargos públicos sean ocupados por personas capaces y con experiencia.

“Pero también, personas sanas que no tengan hábitos inadecuados como el uso o consumo de estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o fármacos que pueda causar alteraciones mentales o dependencias”, anotó.

La iniciativa, dijo, puntualiza en la propuesta de modificación al Artículo 50 que en caso de que el servidor público examinado resulte positivo se procederá a su inhabilitación y destitución.

“Siempre y cuando no haya prescripción médica para su uso y medie notificación del médico tratante a la instancia de gobierno que corresponda”, apuntó.

La propuesta de reforma al Artículo 46 en su Fracción XXIII contempla que a este examen se sometan el gobernador del estado, diputados y diputadas del Congreso del estado, magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral.

También, integrantes del Consejo de la Judicatura, jueces del Fuero Comín, secretarios y subsecretarios de despacho en el Gobierno del estado, contralor y consejeros electorales.

Asimismo, comisionados del Instituto de Transparencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, así como los alcaldes, síndicos, regidores y delegados municipales de todo el estado.

La iniciativa precisa que los exámenes se estarían aplicando a los servidores públicos en el transcurso del mes de febrero y agosto.