Demanda CMDPDH una ‘moratoria’ para analizar la Ley de Seguridad Interior

Agencias. Es positivo que aún no avance la Ley de Seguridad Interior tal cómo está planteada, sin mecanismos de “rendición de cuentas”, comentó José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Resaltó que del 2007 al 2017, se han emitido 157 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a las fuerzas armadas, 142 han sido por violaciones “graves” a los derechos humanos; es decir, un 90.4% del total de las recomendaciones emitidas hacia las Fuerzas Armadas son por tortura, ejecución, intento de asesinato y desaparición.

Dentro de las propuestas legislativas para crear una Ley de Seguridad Interior no se dispone la creación de protocolos de actuación para las Fuerzas Armadas –mediante los que se intente minimizar el número de víctimas del fuego cruzado-, así como tampoco mecanismos de acceso a la justicia especializados para la atención de las personas lesionadas de manera colateral a las actividades de seguridad, agrega el también integrante del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

“Lo que están buscando es darle un marco legal a actividades inconstitucionales que han tenido las fuerzas armadas, al suplantar a civiles en tareas de seguridad pública; los militares van a poder detener personas, van a poder obtener información de hechos delictivos por cualquier forma, van a poder hacer patrullajes y detener a sospechosos de delitos y sus partes militares van a tener fuerza en las averiguaciones previas. Así no se puede legislar esa ley, tiene que haber una moratoria en seguridad y justicia y debe haber una reflexión integral sobre lo que queremos para el país. No queremos que la seguridad este en manos de las fuerza armadas”, dijo Guevara en entrevista con Noticias Mvs.

La CMDPDH resalta que no solo no han sido aceptadas todas las  recomendaciones anteriores por la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional); “los militares señalados como autores materiales de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura aún no han sido investigados, ni mucho menos llevados ante la justicia”.

Uno de los principales temores es que cuando termine está “guerra” contra la delincuencia organizada, “que el Estado no pueda reconocer en los casos en los que se equivocó, por extender de manera generalizada su política de seguridad al interior. Que no sea capaz de prever los daños que causará a las familias, que hay lesiones que no hay manera de reparar”, señala la CMDPDH.