Ley de desaparición forzada puede perpetuar la impunidad: ONG

Redacción. La Consejería Jurídica de la Presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por conducto de la Secretaría de Gobernación (SG) impulsan en el Senado que en la ley general de desaparición forzada de personas –que se elabora en comisiones– ‘‘no se sancione a los responsables de la desaparición de personas en la llamada guerra sucia o que las sanciones que se pudiesen aplicar correspondan a las establecidas en las leyes cuando ocurrió el delito’’.

La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que impulsan entre otros Nadine Reyes, y el Movimiento por Nuestros Desparecidos, destacaron que en el documento discutido el viernes con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, ‘‘manifestamos nuestro rechazo a los cambios, porque buscan dar impunidad a desapariciones de personas del pasado, no consideraron nuestras propuestas para el mecanismo de búsqueda, se han empeñado en reducir la cifra de desaparecidos e introdujeron el concepto de persona no localizada’’.

Campa acepta cambios

Campa presentó la propuesta del gobierno federal, en la que se incluía en el artículo décimo transitorio lo siguiente: ‘‘Los delitos previstos en la ley general de desaparición forzada de personas y los cometidos por particulares antes de su entrada en vigor, serán sancionados conforme a la legislación vigente al momento de su comisión. Lo anterior sin perjuicio de la naturaleza de las conductas a que se refiere el artículo 7 de la citada ley.’’

Tras el rechazo de las organizaciones, Campa aceptó la siguiente redacción: ‘‘A partir de la entrada en vigor de este decreto, para el caso en que las disposiciones contenidas en el mismo contemplen la descripción legal de conductas previstas en otras normas como delitos y por virtud de la presente ley, se denominan, penalizan o agravan de forma diversa, siempre y cuando la conducta y los hechos correspondan a la descripción que ahora se establece.

‘‘En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos de esta ley, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la presente legislación, siempre y cuando la conducta no haya cesado’’.

En otros incisos se establece que en los procesos en los que aún no se ejerza acción penal, el Ministerio Público la ejercitará de conformidad con la traslación del tipo (penal) que resulte procedente. Sin embargo, se subraya que ‘‘en procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancias, el tribunal podrá efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado, sin exceder el monto de las penas señaladas en la respectiva ley vigente al momento de la comisión de los hechos’’.

La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la panista Pilar Ortega, quien encabeza las negociaciones del dictamen, aseveró ayer en entrevista: ‘‘Tenemos un documento de trabajo acordado con Gobernación y organizaciones civiles, pero no es dictamen aún. Se tiene un avance de 90 por ciento en las observaciones que hicieron los familiares de desaparecidos’’.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, dijo que ‘‘el borrador del documento que trabajamos las comisiones dictaminadoras con Campa y con organizaciones civiles, tiene aún corchetes, no es dictamen, y con la filtración que hizo Gobernación puede haber errores de contenido. Están pendientes algunas cosas, como la responsabilidad de los mandos superiores jerárquicos cuando ordenan una desaparición o la encubren, no sólo se debe sancionar al autor material, sino también al intelectual’’.

Nadine Reyes y Jorge Verástegui, de las organizaciones que participaron en la negociación el viernes con Campa y las comisiones dictaminadoras, resaltaron: ‘‘Aún hay pendientes y en el documento filtrado no vemos que hayan sido atendidas nuestras propuestas. Así no podemos estar de acuerdo; el gobierno busca impunidad’’.

Explicaron que ‘‘metieron el término persona no localizada, y no lo definen bien; con ello pretenden reducir la cifra de personas desaparecidas en el país. Tampoco consideraron nuestro planteamiento de que el mecanismo nacional de búsqueda sea nacional, no federal, y que tenga policías adscritos para la indagación’’.

Este martes los grupos parlamentarios decidirán si la ley referida se discute en las dos sesiones que restan del periodo, indicó De la Peña.

(Con información de La Jornada)