Organismos de derechos humanos analizan migración y transparencia

Notimex. En el marco del XLVI Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), se realizaron tres paneles que abordaron la migración, transparencia y mochila segura.

El tema de migración lo abordó Tonatiuh Guillén López, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte; Ricardo Ariel Vera Lira, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) de Jalisco; y Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En su intervención, Guillén López destacó el fenómeno de la migración mexicana a Estados Unidos, donde aclaró que son 24 millones de connacionales, aproximadamente, que viven en ese país, sin contar los millones de latinos.

Agregó que la relación de estos migrantes frente al Estado mexicano tiene que ver con aspectos escolares, sociales, laborales y de identidad.

“Los mexicanos que ya están en Estados Unidos, que han hecho su vida en ese país y que tienen su familia, su comunidad, su empleo y de repente se pasan un alto y terminan en Matamoros o en Ciudad Juárez, es un acto de destrucción de toda su vida”, indicó.

Añadió que este problema aborda aspectos emocionales, jurídicos y familiares, porque no existe una estrategia particular de atención a las personas deportadas en esta situación.

“Ahora tenemos alrededor de 200 mil personas deportadas por año y sigue pendiente la atención inmediata. No sabemos, no se ha creado una infraestructura, ni tampoco una estrategia de Estado; la mayoría de la atención es vía sociedad civil y es en condiciones muy limitadas”, dijo.

Pero lo más grave, manifestó, es la situación de los menores de edad, particularmente de los que se quedan en Estados Unidos cuando sus padres son deportados.

Reveló que en 2011 fue el peor año, porque fueron más de 60 mil casos y la mayoría terminó en los sistemas de seguridad social y algunos asignados a familias; 90 por ciento de estos casos son niños nacidos en aquel país.

El delegado de migración en Jalisco, Ricardo Ariel Vera Lira, comentó que el INM actúa apegado a la observación de los protocolos como el de Palermo y el de Atención de Trata de Personas por Aire, Mar y Tierra, entre otros.

Dijo que el gobierno federal dio a conocer el programa “Somos Mexicanos”, por las amenazas de la política estadunidense “que hasta ahora han sido un escenario incierto, porque no se ha incrementado la repatriación”.

Al citar a Jalisco dijo que en 2016 se recibieron 11 mil repatriados y que a nivel nacional superó los 200 mil. El programa recibe a los connacionales deportados en once puntos y se les brinda atención médica, orientación jurídica y alimentos.

Asimismo, agregó que se han firmado convenios con la iniciativa privada para aceptar en sus plantillas laborales a los repatriados, explotando sus habilidades como son el idioma, jardinería, fontanería, entre otros.

Por su parte, el quinto visitador general de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, mencionó que la institución ha desarrollado una liga (migrantes.cndh.org.mx) con información importante que permite orientar a los connacionales para evitar ser sorprendidos y agredidos en el país vecino.

Puntualizó que todas las comisiones estatales de derechos humanos pueden hacer el vínculo hacia esta liga para que se extienda la información puntual y oportuna para todos.

En el panel sobre Transparencia se reunió a los panelistas Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y al doctor Francisco Javier Acuña Llamas.

Issa Pla explicó que el Sistema Nacional de Transparencia que alberga al naciente Instituto Nacional de Información, coordina la plataforma nacional, única en el mundo que busca abrir una ventanilla única para el acceso a la información.

Expuso que hay muchos retos para hacer efectiva la transparencia, como la parte tecnológica, que implica subir información en nuevos formatos y alcanzar especificidades que se tienen en las defensorías de derechos humanos de cada entidad.

Por su parte, Acuña Llamas señaló que es difícil, pero sobre todo urgente, lograr reunir a los titulares de las comisiones de derechos humanos en México con la finalidad de compartir experiencias, preocupaciones y recetas o medidas para comunicar lo que al final corresponde a todos.

El derecho a la información se vuelve urgente, porque de otra manera no comprendemos ni tenemos la visibilidad de ejercer nuestros derechos y ensanchar nuestras condiciones ciudadanas.

Respecto al tema Operativo Mochila, Sandra Mejía Martínez, responsable de Legislación y Políticas Públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explicó que en esta organización promueven un movimiento social y cultural para que niñas, niños y adolescentes conozcan, ejerzan y gocen sus derechos.

Con presencia en 19 estados de la República, explicó que el Operativo Mochila se implementó en algunos centros escolares públicos y privados desde 2001 en México, luego de un incidente de violencia escolar.

A la fecha sigue vigente en algunas escuelas, pero sin que se cuente con un marco regulatorio o protocolos para aplicarlo.

Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, explicó que, ante la sucesión de hechos lamentables en algunas escuelas y la violencia en el país, consideró que se hace necesario este tipo de medidas.

Reconoció que sólo el trabajo entre la sociedad, el Estado y las defensorías públicas de derechos humanos puede ayudar a prevenir y frenar la violencia escolar.

En este proceso, explicó, desempeña un papel fundamental la familia, que es la institución que debe estar atenta a la educación y formación de niñas y niños.

Pidió poner en marcha políticas públicas para conciliar la vida laboral con la familiar en atención a los menores de edad, y crear instituciones públicas para atender casos de menores de edad con problemas de conducta.