Notimex. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se reunirá con periodistas para que esta instancia mejore su desempeño, además de que prepara dos protocolos para la atención a víctimas y para investigación.
“Lo que buscamos es atender las debilidades de la Fiscalía y brindar un mayor acompañamiento a quienes son vulnerados en su derecho a la libertad de expresión”, dijo el fiscal especial Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.
Sobre los protocolos que desarrolla explicó que uno se enfoca a la atención a las víctimas y otro a acciones para la investigación. “Lo que se pretende es que cuando se cometa un delito contra periodistas se realice una línea inicial de la violación a la libertad de expresión y labor periodística”.
En reunión con integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, detalló que desde la creación de la Fiscalía hasta el 31 de mayo de 2017 se tiene conocimiento de 121 homicidios de periodistas, de los cuales 31 ocurrieron de 2000 a 2006, 61 de 2007 a 2012 y 29 de 2013 a la fecha.
Precisó que la mayor cantidad de denuncias que recibe la Fiscalía son por amenazas y abuso de autoridad, y las entidades con mayor incidencia de esas acusaciones por parte de periodistas son Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero.
Sostuvo que la Fiscalía a su cargo “tiene la absoluta claridad de que la impunidad de los delitos que se cometen contra la prensa es un reto que debe asumir con responsabilidad y compromiso, a fin de dar resultados”.
“Mientras exista impunidad, las medidas de prevención y protección para los periodistas no serán suficientes para evitar actos de esta naturaleza”, admitió.
Destacó que mientras en 2014 y 2015 se dieron sólo dos y un homicidio, respectivamente, en el periodo de 2016 a 2017, ocurrieron 17.
Sobre los avances de las investigaciones de periodistas asesinados de diciembre de 2016 a la fecha comentó que la Fiscalía trabaja de manera coordinada con las entidades federativas y las fiscalías para aclarar cada uno de los casos.
En cuanto a las recompensas que anunció la PGR en relación con los homicidios declaró que simplemente es una herramienta con la que cuenta para generar información que ayude a resolver las investigaciones.
Aseguró que los homicidios no son lo único a lo que se enfrentan los comunicadores, pues también existe un gran número de agresiones, amenazas y señalamientos por abuso de autoridad.
Subrayó que se capacita a ministerios públicos, la policía ministerial y peritos para que posean un conocimiento especializado y logren atender la situación preocupante y de alto riesgo que padece el gremio.
A su vez la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Patricia Colchero Aragonés, consideró necesario que el mecanismo de protección a periodistas cuente con suficientes recursos para 2018, ya que cada vez se incorporan más personas.
Respecto a las unidades estatales de protección a periodistas indicó que la idea no es crear un mecanismo que genere burocracia, sino lograr un sistema robusto y funcional sin que eso signifique altos costos para el erario.
En tanto la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez, pidió información sobre los trámites que deben hacer los comunicadores para ingresar al mecanismo de protección implementado por dicha instancia.
Por su parte la diputada Candelaria Ochoa Ávalos dio lectura a un pronunciamiento, que pidió que la Comisión hiciera suyo, para exigir respuestas ante los casos de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, pues son acciones que violentan la privacidad .
En su turno la legisladora Lia Limón García llamó a las entidades a participar con mayor seriedad y crear unidades que atiendan medidas de protección a periodistas, a fin generar un atlas de riego y diseñar estrategias específicas.
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