Agencias. Los servidores públicos podrán decidir libremente si hacen o no públicas su declaración fiscal, patrimonial y de intereses.
Por mayoría de votos, los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avalaron el fallo del ministro José Ramón Cossío Díaz, que establece que es válido que los servidores públicos mantengan en secrecía sus declaraciones, pues no toda la información personal de éstos es necesaria y hay información que puede poner en peligro su vida o su integridad, lo que no justifica que el interés público esté por encima de dicho riesgo.
Por ello, los funcionarios públicos, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación que obtienen salarios de hasta 4.08 millones de pesos al año, no están obligados a dar a conocer su declaración 3de3.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, también llamada Ley 3de3, fue aprobada por el Senado el año pasado, con una modificación al Artículo 29, propuesta por el PVEM y el PRI, y que permite de manera discrecional no hacer públicos los datos privados que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Unos 200 diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano impugnaron ante la SCJN esta modificación y acusaron que se violaban los principios de transparencia para combatir efectivamente la corrupción.
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