Juicio en el Vaticano por desvío de fondos inicia con gran atención mediática

Notimex. Con alta atención de los periodistas, que hicieron guardia bajo el intenso sol a las afueras del Vaticano, inició este martes el juicio contra dos ex funcionarios del hospital pediátrico papal “Bambin Gesù” por supuesto desvío de recursos.

Los imputados, Giuseppe Profiti y Massimo Spina, lograron evadir la presencia mediática ingresando al Estado pontificio por otro acceso y así no debieron afrontar a las cámaras y micrófonos que los esperaban no obstante el calor.

Así, a las 10:00 horas locales inició la comparecencia del ex presidente y ex tesorero de la fundación que controla al hospital, acusados de desviar 422 mil euros para pagar la remodelación de un departamento perteneciente al cardenal Tarcisio Bertone, ex secretario de Estado del Vaticano.

Acompañados por sus respectivos abogados de oficio, Antonello Blasi y Alfredo Ottaviani respectivamente, los acusados se presentaron ante el colegio de jueces que los procesará integrado por Paolo Papanti-Pelletier, Venerando Marano y Carlo Bonzano.

Los promotores de justicia (como se les llama a los fiscales en el tribunal civil del Estado Vaticano) son Gian Piero Milano y Roberto Zannotti.

Tras la lectura de las acusaciones de parte del canciller, los defensores presentaron varias “excepciones preliminares”, solicitudes particulares.

Así, se supo que algunas transferencias bancarias fueron realizadas a beneficiarios en el Reino Unido (Lg Contractor y Castelli Re Holding); uno de los abogados se basó en este dato para advertir un defecto de jurisdicción del tribunal.

Ambos abogados pidieron que el proceso pueda ser seguido, con enlace vía internet, por algunos periodistas no presentes en el aula, ya que sólo ocho de ellos pudieron ingresar al aula del tribunal.

Los jueces rechazaron estas “excepciones” y convocaron a las próximas audiencias para los días 7, 8 y 9 de septiembre, los mismos días del viaje del Papa Francisco a Colombia. Entonces serán escuchados los acusados y los testigos.

El colegio de magistrados también se reservó la posibilidad de convocar a Bertone como testigo, lo cual sería un hecho inédito ya que los cardenales gozan de cierta inmunidad y nunca antes uno de ellos fue llamado a presentarse ante un tribunal vaticano.

Según la acusación, Profiti y Spina “utilizaron en modo ilícito, a favor del empresario Gianantonio Bandera, dinero perteneciente a la Fundación Bambin Gesù y del cual ambos tenían disponibilidad en razón de los cargos por ellos ostentados”.

“En particular fueron pagados para fines completamente extrainstitucionales 422 mil 5 euros (unos 481 mil dólares), utilizándoles para efectuar trabajos de reestructuración edilicia de un inmueble propiedad de la Gobernación (del Vaticano) destinado a la residencia del secretario de Estado emérito”, añadió.

Precisó que el delito fue cometido en la Ciudad del Vaticano, de noviembre de 2013 al 28 de mayo de 2014. Como secretario de Estado del Papa Benedicto XVI entre 2006 y 2013, Bertone acumuló gran poder y a la renuncia del pontífice logró obtener dos departamentos en el Palacio de San Carlos, ubicado dentro de los jardines vaticanos.

La unificación y el remozamiento del ático, de unos 300 metros cuadrados, corrió por cuenta del empresario edilicio Bandera, sin una licitación y con precios por encima de los pagados normalmente en el mercado italiano.

Cuando el caso se filtró a la prensa se convirtió en un escándalo, sobre todo luego que el propio Papa Francisco decidió vivir en una habitación de unos 60 metros cuadrados ubicada dentro de la hostería para cardenales llamada “Casa Santa Marta”.

No se trata del primer juicio mediático en la historia de los tribunales vaticanos. En 2012 tuvo lugar el proceso “vatileaks 1” por el cual fue declarado culpable de robo de documentos confidenciales el ex mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele.

Entre 2015 y 2016 se llevó a cabo el juicio “vatileaks 2” por el cual fueron imputadas cinco personas, entre ellos dos periodistas.

Finalmente fueron hallados culpables de filtración de documentos reservados un clérigo español, Lucio Ángel Vallejo Balda y la especialista en relaciones públicas, Francesca Immacolata Chaouqui.