Proponen que legislaturas estatales armonicen sus Constituciones en materia de Derechos Humanos

• La diputada Ernestina Godoy denunció que después de 7 años de la reforma al artículo 1° constitucional en la materia, sólo el 34% de los estados han cumplido el mandato.

  • El exhorto a los congresos locales es con el fin de defender la dignidad humana y su pleno ejercicio, aseguró la legisladora federal.

Comunicado Oficial. Para el fortalecimiento del federalismo en nuestro país, tanto las autoridades federales como las estatales tienen la obligación de garantizar, promover y robustecer el esquema de derechos humanos, aseveró la diputada Ernestina Godoy Ramos.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para exigir a los congresos locales que concluyan el proceso de armonizar sus constituciones en materia de Derechos Humanos, de conformidad con lo expresado en la reforma al artículo 1° de la Constitución Federal, en junio de 2011.

“Las constituciones locales deben ser congruentes con la protección de los Derechos Humanos integrada en diferentes artículos de la Constitución, para cumplir con los acuerdos y recomendaciones internacionales en la materia”, sostuvo.

En ese sentido, la también integrante del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, realizó la propuesta debido a que algunas entidades, como Sonora, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México y Morelos han avanzado entre 27 y 63 por cierto en la armonización de sus cartas magnas con dicha reforma, pese a que el plazo máximo se limitada a la entrada en vigor del decreto; y tan sólo 11 de las 32 entidades (34 por ciento) cumplen con el 100 por ciento.

Asimismo, recordó las acciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para incentivar a los gobiernos estatales a sistematizar sus marcos normativos; ejemplo de ello fue el reporte “Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos”, donde se observa que después de siete años no hay un verdadero progreso en el cumplimiento de la reforma.

“Por ello la necesidad de exhortar a los poderes legislativos locales para lograr principios progresistas que defiendan la dignidad humana y su pleno ejercicio”, aseguró.