Agencias. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, aprobó con una votación de 18 a favor, de la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde (PVEM), Partido Encuentro Social (PES), el Partido Nueva Alianza (PANAL) y la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Sánchez, el dictamen que emite la Ley de Seguridad Interior.
Los 13 votos de la mayoría de los panistas en la Comisión, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no fueron suficientes para impedir que la normatividad fuera aprobada y enviada rápidamente al Pleno de San Lázaro.
El encuentro inició de manera atropellada y se desarrolló en medio de protestas de organizaciones civiles que rechazan la Ley por riesgosa y autoritaria.
¡Golpistas!, fue el grito que los miembros de la organización Seguridad sin Guerra lanzaron a quienes votaron a favor.
“¡Golpista, golpista, golpista! ¡Con sangre de otros mexicanos se firmaron ese dictamen! ¡Qué cobardes, golpista!”, le gritó el activista Alfredo Lecona.
Al presentar el proyecto, la presidenta de la Comisión y diputada del PRI, Mercedes Guillén, reiteró que la norma no militariza al país y tampoco autoriza a las Fuerzas Armadas o Federales a usar la fuerza contra manifestaciones y protestas sociales.
Recalcó que solo cuando la gravedad de la situación lo amerite, las Fuerzas Federales intervendrán ante amenazas a la seguridad interior y no podrán hacerlo por más de un año, a menos que el Presidente de la República ordene una prórroga o modificación en la temporalidad.
Los legisladores que votaron en contra, señalaron que las nuevas disposiciones son ambiguas, darán paso al uso discrecional de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas, propiciarán violaciones a derechos humanos y podrían convertir cualquier situación en una amenaza a la seguridad interior.
Lo que la norma prevé, dijo el diputado panista Jorge Triana, convertir la excepción en regla y permitir que los elementos militares sigan haciendo tareas de “policías”, lo que no les corresponde, porque es obligación de la autoridad civil.
Ello, aunado a que organismos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, como la Organización de Naciones Unidas a través de su Alto Comisionado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), enviaron sendos documentos con alertas sobre el contenido riesgoso y violatorio de la ley en cuestión.
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