Agencia.- La Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, rechazó enérgicamente las acusaciones contra Monseñor José Luis Chávez Botello por el supuesto encubrimiento de abusos que diversas personas y un grupo de sacerdotes han hecho en su contra.
En los últimos días, un grupo de personas han protestado públicamente frente a la Catedral de Oaxaca pidiendo la renuncia del Arzobispo, quien recordó en una reciente conferencia de prensa que siempre ha hablado “con la verdad” sobre el caso del exsacerdote Gerardo Silvestre Hernández, que purga una condena de 16 años y 6 meses de prisión por “corrupción de menores de 18 años”.
Las denuncias señalan que Silvestre proyectaba películas pornográficas a menores de edad, tomaba alcohol con ellos y abusaba de “decenas de niños indígenas entre 11 y 13 años”.
El caso se remonta al año 2009, cuando un grupo de sacerdotes denunció posibles actos delictivos de Silvestre, por lo que el Arzobispo inició un proceso de investigación.
La Arquidiócesis asegura que en 2013 se entregó voluntariamente y “solicitó al Papa la exoneración de sus responsabilidades clericales”.
“Meses más tarde el Papa la concedió, y con ello la pérdida del estado clerical”, subrayó.
Sobre las acusaciones contra el Arzobispo, el apoderado legal de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Romualdo Mayrén Peláez, dijo que “jamás se pudo comprobar que el exsacerdote Gerardo Silvestre Hernández violara ni siquiera a uno, menos a medio centenar de niños”, como señalan algunos medios locales.
El P. Mayrén dijo que estas acusaciones provienen de un pequeño grupo de sacerdotes de la arquidiócesis, apoyados por algunos medios, que han puesto en marcha una “estrategia tramposa y falsa para atacar a la Iglesia, pues ya son asuntos investigados, juzgados y sentenciados por las instancias civiles y eclesiásticas”.
El sacerdote recordó que cuando el Papa Francisco visitó México en 2012, los acusadores “dijeron que había cien víctimas” y no “medio centenar” como afirman ahora.
El apoderado denunció además que, para lograr sus objetivos, estos sacerdotes “se hacen acompañar de grupos, organizaciones y sindicatos que buscan situaciones sensibles que puedan manejar y explotar en la aparente lucha por la justicia para beneficiarse económicamente a través de proyectos y financiamientos de instituciones internacionales”.
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