Por: Julio César Sastré.
Puebla, Pue.- Entre seis meses y hasta un año tarda la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para recibir una solicitud de investigación sobre un presunto enriquecimiento ilícito de un funcionario público, reveló el Fiscal General del Estado (FGE), Víctor Carrancá Bourget.
Durante su comparecencia en el Congreso del Estado, el funcionario destacó la importancia de que la federación agilice las solicitudes de investigación patrimonial que permita un actuar eficiente en la presunta comisión de un delito.
“En relación de enriquecimiento ilícito es competencia de la Fiscalía la investigación con la complejidad que el tema tiene porque toda la información de carácter bancaria y financiera es concentrada a nivel federal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a nivel federal, y la bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”, apuntó.
Y agregó: “Si bien es cierto que la Comisión Nacional ha hecho un gran esfuerzo por facilitar los trámites a través de un sistema informático instalado en la Fiscalía para accesar a los bancos cuando se requiere, no menos cierto es que el número de solicitudes que atienden a nivel nacional provocan que los informes tarden entre 6 meses hasta un año en ser recibidos”.
Reconoció que esto complica en los estados las investigaciones de los delitos de carácter patrimonial, dijo que únicamente tiene que ser a través de estos mecanismos la investigación; sin embargo reiteró “pero la respuesta no es ágil y oportuna”.
Carrancá Bourget aseguró que este año se suscribirán acuerdos a nivel nacional en las Unidades de Análisis Patrimonial o de Inteligencia Financiera de los estados para poder agilizar el intercambio de información.
“Vamos a destinar recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para crear o consolidar una Unidad de Investigación Patrimonial dentro de la Fiscalía, ya existe una Unidad de Inteligencia Financiera dependiente del área de finanzas con los que tenemos permanente comunicación”, aseguró.
Cabe señalar que durante el 2017, la Fiscalía atendió 304 denuncias contra servidores públicos, de estas 29 iniciaron algún procedimiento, 16 concluyeron y 14 se les estableció sanción administrativa.
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