Otorgan más de 1 mdp a familias de víctimas de feminicidio en Chihuahua

Ntx. Seis familias de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron beneficiadas con más de un millón y medio de pesos, para compensar en la medida de lo posible, el sufrimiento y los daños causados a las víctimas indirectas.

Esta acción se determinó tras la XX Sesión Ordinaria del Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres, integrado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado, se informó en un comunicado.

La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC), a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), informó que se trata de una acción del Estado mexicano, creada en 2005.

Los beneficios otorgados no constituyen indemnización ni reparación del daño, sino que se trata de apoyos por concepto de asistencia pública basados en la idea de solidaridad social y corresponde a la Fiscalía del Estado, proponer a los familiares que acrediten su legal representación, como beneficiarios de las víctimas directas e indirectas, a las que se otorgarán las ayudas.

Los integrantes del Consejo analizan cada caso propuesto y deciden, con base en el Derecho Internacional, protector de los derechos humanos y la legislación federal aplicable, si es procedente, además de que fijan los montos a otorgar.

La sesión estuvo encabezada por Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la SDHPDSC, en su calidad de presidenta del Consejo Asesor del Fondo, acompañada de Juan Manuel Zavala Evangelista, coordinador general técnico en suplencia, por ausencia de la titular de la Fevimtra, en su calidad de secretario técnico del Consejo Asesor.

Estuvieron presentes Pedro Navarro Laflin, oficial mayor de la PGR; Julio César Chávez Ramos, delegado de la procuraduría en Chihuahua; Laura Moreno Espinosa y Hugo González Salinas, en representación del fiscal general del estado; y Gabriela Romero Reza, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la entidad.