Llaman defensores a instalar mecanismo internacional contra impunidad en México

Foto: Omar Sánchez Chávez

Redacción.  Pese a advertir a México desde el 2016 sobre actos de “lesa humanidad” cometidos por fuerzas federales y cárteles de la droga, Open Society Justice Initiative detalla en un nuevo reporte que la situación en México “se ha deteriorado aún más”.

“En 2017, México experimentó su año más violento en dos décadas, con más de 25 mil homicidios. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en México han sido reportadas en los últimos seis años y la tortura sigue siendo una práctica rutinaria, mientras los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente”, alerta Open Society.

Estos crímenes “atroces” aumentan por la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables de ataques cometidos por los cárteles de la droga en colusión con funcionarios gubernamentales”, agrega el reporte “Corrupción que Mata”, que será presentado este jueves en la Ciudad de México por James Goldstone, el director Ejecutivo de Open Society Justice Initiative y Eric Witte, Oficial Senior en Juicios Nacionales para crímenes graves de Open Society Justice Initiative.

En México, “la colusión sistémica entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado no solo son corrosivos a largo plazo al limitar la gobernabilidad democrática, la inversión económica y el desarrollo, sino que también son mortales. Es el tipo de corrupción que mata”, sentencia Goldstone en entrevista con MVS Noticias.

En esta línea, Open Society urge a la instalación de un mecanismo internacional en México “con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir, los crímenes atroces y los actos de corrupción”.

“Este mecanismo podrá apoyar ciertos procedimientos penales genuinos con asistencia técnica y rendición de cuentas. Si la impunidad continua, organismos internacionales como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, podrían intervenir. La asistencia y la participación internacional son componentes esenciales para garantizar la independencia de las investigaciones y restablecer la confianza del público en el sistema de justicia penal mexicano”, agregó Goldstone.

La estrategia de “militarización” ante el narcotráfico, ha hecho que los últimos seis años sean “los más letales para los civiles mexicanos, lamenta Goldstone al detallar que el informe incluye la investigación de Open Society sobre “dos de los episodios más brutales” perpetrados por grupos criminales en Coahuila: el asesinato de aproximadamente 300 hombres, mujeres y niños en el municipio de Allende y pueblos cercanos (incluyendo, Piedras Negras) durante tres días en 2011; y la desaparición y el asesinato de aproximadamente 150 personas dentro de los muros de la prisión de Piedras Negras durante el período 2009-2012, cuando la prisión sirvió como centro de operaciones de los Zetas.

“En Allende, la abrumadora violencia contra la población civil en marzo de 2011 parece haber sido una forma de venganza de narcotraficantes. Por otra parte, en el municipio de Piedras Negras, después de obtener el control efectivo del Centro de Reinserción Social (CERESO) fue usado como un campo de exterminio de facto y una base de operaciones para promover su reinado de terror”, señala el informe.

“Muchos de los encargados de proteger la integridad y la vida de las personas – por ejemplo, miembros de la policía local – pudieron, por el contrario, haber permitido los homicidios”, recrimina Open Society.

Ahora se necesita una investigación sobre la posible complicidad de funcionarios públicos de Coahuila en estos crímenes y, para exponer las redes de corrupción que existen entre ellos, sus colaboradores y el crimen organizado, apuntó Goldstone.

Para Open Society, este tipo de ataques registrados en Coahuila “se han extendido desde Veracruz hasta Tamaulipas, desde Guerrero hasta Chihuahua” y en este marco, el informe critica que las reformas al sistema de justicia penal, en particular la propuesta de una Fiscalía autónoma y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, “no garantizan actualmente la independencia institucional necesaria o la competencia para investigar crímenes atroces o las redes de corrupción entre funcionarios públicos y el crimen organizado”.

“México necesita asistencia internacional si realmente se desea que algún día se haga justicia por la corrupción que hace posible la comisión de crímenes atroces”, concluye Goldstone.

(Con información de MVS Noticias)