AFP. El terror que ejercen los narcotraficantes en el norte de México ha llevado a cuatro centros de salud de la sierra de Chihuahua a dejar de prestar servicio pues los médicos temen trabajar en esa zona pese a los jugosos sueldos, informaron este viernes autoridades locales.
En cuatro comunidades serranas de los municipios de Gómez Farías, Cuauhtémoc y Témoris, los centros “permanecen cerrados por falta de personal médico para atenderlos”, señala un reporte de la secretaría de Salud.
“La inseguridad que se vive en algunas regiones de la entidad, particularmente en la zona serrana, es la principal causa por la cual los médicos se niegan a cubrir esas vacantes” a pesar de que les ofrecieron salarios de hasta 40.000 pesos mensuales, según la institución.
Ernesto Ávila, secretario de Salud de Chihuahua, señaló que “esa propuesta no ha tenido eco alguno y persiste un déficit de 60 doctores en el área de la Sierra”.
Chihuahua, que tiene una amplia frontera con Estados Unidos, es terreno de disputas entre narcotraficantes por el control de las rutas para el trasiego de drogas.
Según las autoridades, la violencia ha recrudecido por los enfrentamientos armados entre La Línea y Gente Nueva, brazos armados de los cárteles de Juárez y Sinaloa, respectivamente.
En el municipio de Gómez Farías secuestraron en noviembre de 2017 al médico Blas Godínez, director del Hospital Regional, y hasta la fecha se desconoce su paradero.
A raíz de ese evento, personal médico y de enfermería huyó de los cuatro centros de salud que ahora permanecen cerrados.
Las personas que habitan en esas comunidades y que requieren de atención médica deben viajar a otras localidades.
En Témoris, se atiende a la población mediante caravanas médicas.
A finales de julio, fueron desaparecidos cuatro estudiantes de enfermería que hacían su internado en un hospital del municipio de Parral.
El 6 de agosto, el camillero Nicolás Gabaldón Becerra fue asesinado a balazos mientras conducía un vehículo acompañado de su hijo en la carretera que lleva a Aldama.
Más de 200 mil personas han sido asesinadas en México desde que el gobierno lanzó a finales de 2006 una cuestionada ofensiva antidrogas, según cifras oficiales que no precisan cuántas de las víctimas estaban relacionadas con acciones del crimen organizado.
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