Agencias. La bancada de Morena en el Senado presentó el proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, sin reformas a la Constitución y con el consentimiento de los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más.
La Fiscalía tendrá como funciones básicas: investigar y perseguir los delitos, ejercer la acción penal, procurar la reparación del daño de las víctimas, adoptar y, en su caso, promover medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales. Así como intervenir en el proceso de ejecución penal, intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva, intervenir en las acciones constitucionales y las demás que señalen otras disposiciones aplicables.
La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que con ese proyecto se pretende revertir la profunda crisis institucional.
“La construcción de esta iniciativa fue un esfuerzo conjunto, con el que se pretende superar la profunda crisis institucional y articular una transición en la que concurran todas las fuerzas políticas, fortaleciendo un nuevo papel del Estado en la procuración de justicia y de la seguridad pública”, indicó.
Además de las fiscalías especializadas en Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, el proyecto de ley prevé la creación de una en Derechos Humanos y otra de Asuntos Internos.
El coordinador técnico del grupo de trabajo de la iniciativa, Santiago Nieto, afirmó que la Fiscalía tendrá una función clara: combatir los delitos.
“El objetivo central tiene que ser el combate a la incidencia delictiva y no la generación de estructuras orgánicas por el simple hecho de generar estructura, debe tener una finalidad clara, que es el combate a los delitos”, aseveró.
La Fiscalía General de la República tendrá un Plan Estratégico de Persecución Penal, cimentado en las atribuciones institucionales y considerando las prioridades nacionales establecidas en la política criminal.
La fiscalía tendrá un consejo técnico integrado por cinco ciudadanos expertos en temas de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, que opinará, dará seguimiento y emitirá recomendaciones públicas sobre el contenido y la implementación del Plan de Persecución de la Fiscalía.
El fiscal general sólo podrá ser removido por incurrir en causas graves, entre ellas que incumpla con los objetivos establecidos en el Plan de Persecución Penal; tolere, consienta o apoye violaciones graves a los derechos humanos, o participe en el ataque a las instituciones democráticas y la forma de gobierno republicana y federal.
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