Diputados ligados a la CNTE formalizan iniciativa para derogar Reforma Educativa

Agencias. En la Cámara de Diputados, desde la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se presentó una propuesta de reformas para revertir la reforma educativa. 

La iniciativa firmada por el diputado Irán Santiago, ex líder de la Sección 22 de la CNTE, en Oaxaca, prevé cambios a la Ley General de Educación, así como la abrogación de la Ley General para el Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

El documento aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria de este jueves 11 de octubre. Indica que se rechaza la reforma educativa, porque no se consultó con maestros, padres de familia ni especialistas.

Argumenta que los cambios impulsados por la saliente administración obedecen a intereses empresariales y a los parámetros establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que calificaron como un “sometimiento” del Estado mexicano a instancias internacionales y poderes económicos trasnacionales.

Aunado a ello, señala, ignoró las condiciones particulares que privan en las distintas regiones del país en materia económica, social y cultural.

Recalca que el “desprecio” de la autoridad a los docentes, se suma al hecho de que la reforma no propuso soluciones a los “verdaderos problemas” de la educación en el país, como la deserción por motivos económicos.

Expone que los cambios al artículo tercero constitucional dejaron al maestro en la inestabilidad laboral y se violento el derecho a las plazas de base, al indicar que el ingreso, promoción y permanencia del docente estarían sujetos a la evaluación.

Apunta que no será el INEE, sino la Secretaría de Educación Pública (SEP), la encargada de la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la evaluación que apliquen las autoridades locales.

La evaluación será sistemática y permanente, y sus resultados serán tomados como base para que las autoridades en la materia a nivel federal y estatal, tomen las medidas procedentes, expresa.

La autoridad federal será la encargada de regular un Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para maestros de educación básica, apunta.

En artículos transitorios, establece que se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicadas oficialmente en septiembre del 2013.

Manifiesta que se realizarán en forma periódica y sistemática evaluaciones para certificar que los educadores y autoridades son aptas para relacionarse con los alumnos.

La autoridad federal regulará, coordinará y operará un Padrón Nacional de Alumnos, Docentes, Instituciones y Centros Escolares; así como un Registro Nacional de Emisión Validación e Inscripción de Documentos Académicos; y establecerá un Sistema Nacional de Información Educativa.

Prevé que las autoridades locales propongan a la SEP los contenidos regionales  a integrar a los planes y programas de estudio en educación básica y normal.

Propone que los estados puedan otorgar, negar y revocar autorización a particulares, para prestar servicios educativos a nivel básico y normal; así como desarrollar un Padrón Estatal de Alumnos, Docentes, Instituciones y Centros Escolares y un Sistema Estatal  de Información Educativa, que se coordinarán con las instancias nacionales.

Establece que se creará un Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros, a fin de formar a los docentes de educación inicial, básica, especial y física.

Añade que el Estado otorgará un “salario profesional digno”, mientras que las autoridades educativas establecerán mecanismos que propicien la permanencia de los maestros frente a grupo, así como posibilidades de obtener mejores condiciones y reconocimiento social.

Otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a profesores que

destaquen; y establecerán mecanismos de estímulos a la labor docente con base en la evaluación.

Refiere que las autoridades federales y estatales deberán destinar un gasto a educación no menor al 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y no menor a 1 por ciento del PIB a investigación científica y desarrollo tecnológico.

Propone que el Ejecutivo Federa implementará programas compensatorios, para apoyar con recursos específicos a los gobiernos de entidades con mayor rezago educativo, y celebrará convenios de financiamiento y acciones a emprender para reducir y superar el rezago.

Indica que los particulares que presten servicios educativos, deberán proporcionar un mínimo de becas en los términos que la autoridad responsable determine.