PGR solicitó extradición de Karime Macías; SRE espera respuesta de GB

Agencias. El encargado de despacho en la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías, informó que en meses pasados, se presentó solicitud de detención con fines de extradición contra Karime Macías, esposa del exgobernador Duarte.

En reunión con diputados federales de la Comisión de Justicia, indicó que la petición turnada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), está en espera de respuesta por parte de las autoridades del Reino Unido, con las cuales ya se estableció contacto.

“El nueve de julio se presentó esta solicitud de detención provisional con fines de extradición a la Cancillería de México y tenemos entendido por un comunicado que nos hizo llegar la Cancillería de México, que se presentó ya en el mes de octubre, la solicitud de detención provisional con fines de extradición al departamento o la Cancillería de dicho país. Estamos en espera de que ellos inicien el trámite”, señaló.

“Posteriormente, como cualquier otro tipo de extradición, pasa de la Cancillería al Departamento de Justicia o la homóloga para que inicien y en su caso se valore, si se cumple con las condiciones y requisitos del tratado bilateral y las normas internas”, a fin de hacer efectivo el recurso señalado.

El Subprocurador Jurídico en funciones de procurador, expuso que la esposa del ex mandatario veracruzano, que ha sido ubicada en la ciudad de Londres, es investigada por fraude fiscal.

Aunque los congresistas le solicitaron información sobre las carpetas de investigación en torno al caso Duarte, el encargado de despacho indicó que no le es posible compartir los datos requeridos porque las indagatorias no están cerradas.

Hay procesos de extradición contra otros presuntos cómplices del ex gobernante y su cónyuge, señalados por asociación delictuosa y cuyos nombres no se pueden revelar, por la secrecía que obliga la ley.

Agregó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado, entre 2016 y 2018 más de 60 denuncias por el tema Veracruz, sin embargo, ninguna de ellas habla directamente de Javier Duarte. Aun así, recalcó, se trabaja en todas esas carpetas que siguen abiertas. Son 109 carpetas, puntualizó.

“Diversas e esas carpetas de investigación y averiguaciones previas relacionadas con el desfalco al erario de Veracruz, por parte tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de otras autoridades como son la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, Cofepris, ayuntamientos, etcétera. Son alrededor de 109 carpetas de investigación y averiguaciones previas que se siguen investigando en la Procuraduría General de la República”, abundó.

Respecto a la sentencia de nueve años de prisión para Duarte de Ochoa, emitida a partir de una solicitud de “juicio abreviado”; y el decomiso de inmuebles por casi 900 millones de pesos, explicó que se debe a que no se pudieron acreditar los delitos de delincuencia organizada.

Recordó que el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue denunciado por la Secretaría de Hacienda por delincuencia organizada y lavado de dinero, por un presunto desvío de 480 millones de pesos de la hacienda local, para comprar parcelas ejidales en Campeche.

En función de las pruebas presentadas, justificó, se determinó que no había elementos suficientes para sostener la acusación por delincuencia organizada, ya que no se cumplieron los supuestos para acreditar esa falta.

Aseveró que en los términos del nuevo sistema de justicia penal, no se acreditó la permanencia, de que había una organización para desviar recursos de Veracruz y comprar las parcelas referidas.

Para justificar la actuación de PGR, añadió que entre otros elementos que pudo haber afectado el resultado e impedir que no se acreditara el delito de delincuencia organizada, está el hecho de que las pruebas recabadas y presentadas por la ASF, en términos del nuevo sistema de justicia penal, resultaron “ilícitas”.

Lo mismo ocurrió con el caso de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, que finalmente quedó en libertad, ejemplifico.

De modo que no es por fallas en la actuación de la PGR que esos casos se han resuelto en los términos descritos, sino porque las pruebas no se sostienen en función del nuevo sistema penal.