132 años después se logra la igualdad de género a través del voto femenino

Notimex.- En México, tuvieron que pasar 132 años después de la firma del Acta de Independencia de México, en 1821, para que la mujer pudiera integrarse a la vida política en igualdad jurídica con respecto a los varones.

Por ello ministros, consejeros electorales, académicos y especialistas en el tema coinciden en que la celebración del 60 Aniversario del Voto de la Mujer en México, el 17 de octubre, es una fecha importante para reconocer los avances alcanzados, pero sobre todo para caminar hacia la verdadera igualdad sustantiva.

El camino en la consolidación de ese derecho, que se remonta a los últimos años del Porfiriato y culmina en 1953 con una reforma a la Carta Magna mediante la cual el Constituyente Permanente dio voz a más de la mitad de la población, pero sólo cinco mujeres han postulado candidatura a la Presidencia de la República.

Esas mujeres son Rosario Ibarra de Piedra (1982 y 1988), Cecilia Soto (1994), Marcela Lombardo (1994), Patricia Mercado (2006) y Josefina Vázquez Mota (2012).

Seis más han sido gobernadoras: Griselda Alvarez Ponce de León, Beatriz Paredes Rangel, Dulce María Sauri Riancho, Ivonne Ortega Pacheco, Rosario Robles Berlanga y Amalia García Medina.

Actualmente las 32 gubernaturas están ocupadas por varones y sólo tres mujeres son titulares de una secretaría del gabinete de la Presidencia de la República: Rosario Robles Berlanga, en Desarrollo Social; Mercedes Juan López, en Salud, y Claudia Ruiz Massieu Salinas, en Turismo.

Pero para la directora del Seminario de Derecho Electoral de la UNAM, Norma Inés Aguilar León, la lucha de la mujer por buscar espacio empezó en los estados y fue Yucatán la primera entidad que otorgó el derecho de voto a la mujer antes que en la legislación federal, en 1922, por lo que ‘deberíamos estar celebrando el nonagésimo primer aniversario’ del voto, no el 60 Aniversario.

El voto, abundó, se reconoció en San Luis Potosí en 1923; en Chiapas, 1925; en Puebla, 1936; en Sinaloa, 19389; Hidalgo, 1946; Aguascalientes y Chihuahua, 1950; Guerrero, México y Tamaulipas, 1951.

En la actualidad, el Congreso de la Unión tiene la mayor representación de mujeres en su historia y eso que ocupan 44 de las 128 senadurías y 187 de las 500 diputaciones; mientras que de las mil 134 diputaciones en los congresos locales, sólo 310 son ocupados por mujeres es decir, 27.38 por ciento.

En el caso de los tres principales partidos políticos, Acción Nacional (PAN) sigue sin abrir esa posibilidad al sector femenino, dado que el Revolucionario Institucional (PRI) cuenta en su historia con cuatro dirigentes nacionales: María de los Angeles Moreno Uriegas, Dulce María Sauri Riancho, Beatriz Paredes Rangel y Cristina Díaz Salazar.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Amalia García y Rosario Robles Berlanga han dirigido los destinos de ese instituto político fundando en 1988.

Al respecto, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), precisó en entrevista que en promedio 20 por ciento de los cuadros directivos de los partidos recae en una mujer:

De los tres principales, el PAN cuenta con 20 por ciento, el PRI 57 por ciento y el PRD 48 por ciento; en tanto, el Verde Ecologista de México (PVEM) 31 por ciento, Movimiento Ciudadano 30 por ciento y Nueva Alianza 33 por ciento. Sin embargo, el Partido del Trabajo (PT) cero por ciento.

Además, en las presidencias municipales sólo hay siete por ciento de mujeres; “no hay mujeres o no se les permite llegar”, cuestionó la magistrada.

Alanís Figueroa comentó que la justicia electoral “sí puede ser garante de los derechos políticos de las mujeres en la medida que puede reparar la violación o afectación a esa prerrogativa ciudadana”.

Dejó claro que la paridad no es una concesión, sino la restitución de un derecho, por lo que urgió a diseñar una reforma que apueste por la igualdad para que las mujeres puedan ejercer sus derechos.

“En nuestro país se debe ir más allá de la idea de establecer cuotas de 50 por ciento en los parlamentos. Lo que se necesita es encontrar la representación igualitaria en las instituciones y organismos en donde se toman las decisiones”, señaló la integrante del TEPJF.

Sugirió incorporar al Artículo 1 Constitucional la posibilidad de introducir medidas compensatorias, así como los principios de paridad de género, alternancia y rotación en la conformación de todos los cuerpos colegiados de toma de decisiones en México.

En su opinión, en México se requiere un nuevo contrato social basado en la universalización de derechos, incluidos los políticos, pues las cuotas de género no son suficientes para lograr la igualdad, por lo que es necesario establecer en la Carta Magna los principios de paridad y alternancia.

Recordó que en los comicios de 2009, 56 por ciento de los votantes fueron mujeres; sin embargo, la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 reveló que 18 por ciento debía avisar por quién sufragaría y casi ocho por ciento pedir permiso para escoger por quién votar.