Piden revisar bases de comercialización de servicios educativos

Notimex.- El secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Marco Alonso Vela Reyes, se pronunció por revisar las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos.

El legislador priista indicó que en los primeros siete meses de 2013 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 550 quejas contra escuelas particulares por diferentes motivos.

Subrayó que ante esa situación impulsa un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Educación Pública y de Economía, así como a la Profeco, a revisar, actualizar y hacer cumplir el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan particulares.

Con ello, indicó, se busca que éstos se obliguen a no incrementar las colegiaturas durante el periodo escolar, no establecer cuotas o aportaciones extraordinarias y que el concepto de cobro por reinscripción se realice anualmente o cada ciclo escolar.

Propuso que el aumento de colegiaturas se aplique con la referencia de la tasa inflacionaria promedio, entre la esperada para el año en que inicia el ciclo escolar y la del siguiente en que concluye, y que no se penalice el pago extemporáneo por concepto de reinscripciones.

El diputado federal confió que de concretarse ese punto de acuerdo se fortalecerá el marco jurídico de protección y de orientación del consumidor de bienes y servicios frente a los actos de comercio que obliguen a pagar precios excesivos.

Abundó que de acuerdo con la Profeco las inconformidades registradas son contra instituciones educativas de todos los niveles escolares: preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Comentó que la variación de precios de uniformes y útiles escolares puede ser de hasta 200 por ciento en supermercados, papelerías o tiendas minoristas, en relación con los que venden las instituciones educativas privadas.

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) citó que según la Asociación Consultores Internacionales las tarifas de los servicios educativos aumentaron 10.98 por ciento durante julio pasado en la Ciudad de México, en comparación con las de un año antes.

Refirió que ante la recurrencia de las denuncias de los padres de familia, el Gobierno federal publicó el 10 de marzo de 1992, en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”.

En ese documento se instituyen diversas disposiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de la educación privada.

Enfatizó que dicho acuerdo no establece fecha de término, por lo que sus disposiciones continúan vigentes.

No obstante, apuntó, su positivismo los hechos lo muestran como inoperante, ineficaz, desfasado de las circunstancias imperantes “ante los excesos y abusos que siguen cometiendo los prestadores del servicio educativo particular”, dijo Vela Reyes.