Notimex.- El robo de combustibles en la red nacional de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) no está tipificado como delito grave y por eso urge endurecer las penas a los delincuentes que son capturados infraganti, propuso la senadora María del Pilar Ortega Martínez.
En entrevista, calificó como “muy preocupante” ese rubro delictivo, porque sigue en aumento año tras año con el descubrimiento de más tomas clandestinas en 24 estados del país, y alertó que va en camino de convertirse en un problema de seguridad nacional.
Dijo que la legislación secundaria en la materia “es demasiado tibia y laxa”, pues a los numerosos infractores que son capturados infraganti las autoridades les aplican penas que van de los seis meses a los cuatro años de prisión a quienes roban más de 300 litros de combustibles y hasta dos años de prisión a los que sustraigan menos de esa cantidad.
Explicó que esas penas se establecen en el artículo 368-Quater del Código Penal Federal y que por eso se requiere con urgencia actualizar ese mandamiento, así como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para evitar que los ladrones recuperen su libertad.
Por estas razones, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que impulsará reformas a las dos leyes en la materia para establecer penas severas contra los infractores, las cuales serán de acuerdo al daño causado y para que quede registrado como un delito grave.
“Es muy preocupante este problema que ha venido creciendo año con año y que hoy vemos que está tomando dimensiones que pudieran llevar a ser un riesgo de seguridad nacional. Ha faltado compromiso del gobierno federal para atacarlo”, comentó.
Detalló que datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta el 31 de octubre pasado se registraron dos mil 190 tomas clandestinas.
En 2012 se descubrieron mil 749 ordeñas, lo que representó un incremento de 23 por ciento en relación con 2011, periodo en que hubo mil 419 tomas clandestinas, precisó.
Ortega Martínez recordó que con sus propios datos, Pemex ha reconocido que de esa forma los maleantes extraen diario nueve mil barriles de combustible, lo que representa un grave riesgo de contaminación o explosiones para las comunidades, además de pérdidas humanas en muchos casos.
Reconoció que ha hecho falta una coordinación real entre la PGR y Pemex para perseguir y castigar ese acto ilícito, el cual tiene mucho que ver con la capacidad técnica de quienes lo cometen y en ello podrían estar involucrados ex trabajadores y trabajadores de la paraestatal con grupos de la delincuencia organizada.
Otro punto importante, insistió, es saber si la PGR cuenta con un mapa a nivel nacional de la red de ductos de la paraestatal y bajo qué comunidades urbanas y rurales se encuentran y, por otro lado, también conocer si esa dependencia cuenta con peritos especializados en la materia para atender delitos de ese tipo, añadió.
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