Operan en Sonora falsos gestores en derechos humanos

Notimex. Sonora.-  El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Raúl Ramírez Ramírez, denunció la existencia de falsos gestores y promotores de derechos humanos, que operan en la clandestinidad y se hacen pasar por personal del organismo.

Señaló que los servicios que brinda el organismo son totalmente gratuitos por lo que debe hacerse caso omiso a quienes los ofrezcan a cambio de remuneraciones económicas.

Indicó que se han recibido denuncias en las oficinas regionales de la CEDH que operan en diversos municipios, en torno a personas que se identifican como personal de la CEDH de Sonora sin pertenecer al organismo.

Refirió que hay personas o grupos que lucran con el tema haciéndose pasar por organismos promotores de derechos humanos y se acercan principalmente a jornaleros agrícolas y grupos vulnerables para ofrecer sus servicios a cambio de dinero.

El ombudsman sonorense planteó que los falsos promotores de derechos humanos aprovechan la desinformación y, en la mayoría de los casos, la lejanía de los campos y comunidades, para hacer negocio al ofrecer gestiones ante instancias de gobierno.

‘Es lamentable que prevalezca el abuso de estas asociaciones que en lugar de sumarse a la cultura del respeto y la legalidad en Sonora, se aprovechen de las personas en condición humilde y desprotegidas’, externó.

Precisó que la CEDH documentó casos de este tipo en Agua Prieta, Nogales, Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y principalmente en Empalme, Guaymas, Huatabampo y Navojoa, donde los falsos gestores cobran por ayudar a los desvalidos.

Subrayó que visitadores generales y adjuntos adscritos a las oficinas regionales de la CEDH y en la ciudad de Hermosillo son los únicos legalmente facultados para realizar las gestiones y ofrecer asesorías a los ciudadanos de manera gratuita.

Ramírez Ramírez conminó a la sociedad a denunciar ante la CEDH y sus oficinas regionales a quien lucre con el tema de los derechos humanos, pues es un derecho constitucional que se ofrece de manera gratuita para evitar el abuso en el ejercicio del poder público.