Notimex. La Secretaría de Salud (Ssa) aumentará la disponibilidad y gama de métodos anticonceptivos, para atender la demanda y necesidades de sectores como los adolescentes e indígenas.
La directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Ssa, Susana Cerón, informó que se contará con 11 métodos anticonceptivos, entre ellos el Dispositivo Intrauterino (DIU) y el parche.
“Esto nos va a permitir aumentar la disponibilidad, ampliar la gama y satisfacer las demandas y expectativas de la población, especialmente indígenas y adolescentes donde vamos a focalizar”, dijo.
En el marco de la Mesa “Violencia sexual y matrimonio” de la Campaña Recuperar una Oportunidad. Prevención del Embarazo Adolescente, los participantes coincidieron en que se debe fortalecer la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos, aunque también la atención a los embarazos en adolescentes.
En tanto el director adjunto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Leopoldo Figueroa Olea, señaló que en el país 23 de cada 100 mujeres contrajeron matrimonio antes de los 18 años y cinco de ellas antes de los 15.
Indicó que los motivos son por pobreza, discriminación de género, culturas y tradiciones y el control de la sexualidad.
En tanto el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, apuntó que el matrimonio infantil es una de las expresiones de violencia sexual, que se enmarca en la cultura del machismo.
Mencionó que en los códigos civiles y marcos normativos del país existen situaciones graves como el trato diferenciado en las edades para casarse, ya que en los varones es a los 16 años y en las niñas a los 14, asumiendo que ellas tienen menor posibilidad de decidir.
Enfatizó que la violencia machista impone una forma de ver el mundo, por lo que se debe dar una batalla cultural en torno a la violencia sexual normalizada en los matrimonios infantiles.
En su turno Nashieli Ramírez Hernández, de Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, consideró necesaria una campaña que desnaturalice y desculturalice el tema del matrimonio a determinada edad.
“No podemos seguir legislando ni generando políticas públicas a partir de creencias individuales, sino del interés público, y no podemos permitir que ninguna niña menor de 15 años sea madre”, subrayó.
A su vez Raffaela Schiavon, directora de IPAS-México, alertó que la muerte materna representa cinco por ciento en las causas de fallecimiento entre adolescentes.
El fenómeno del embarazo adolescente, anotó, “no surge de la nada”, ya que comienza con una serie de determinantes sociales y demográficos.
“Hay factores de riesgo ligados a la familia, como ser hija de madre adolescente o hermana de una madre adolescente, lo que aumenta el riesgo de la repetición”, explicó.
Mientras Esperanza Delgado Herrera, de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), afirmó que existe voluntad en el sector educativo para capacitar a los docentes y brindar educación sexual, pero eso no se ve expresado con letra firme dentro de las políticas públicas, ya que se queda en “un mero discurso”.
Opinó que al tener descentralizados los sectores educativo y de salud, cada entidad de acuerdo a sus percepciones e ideología decidirá cuantos anticonceptivos debe adquirir y si realmente los ofrecerá a los adolescentes.
Delgado Herrera advirtió falta respaldo a esta estrategia a nivel local. “A pesar de que hay mucho compromiso de las diputadas a nivel federal, hay ausencia de las estatales”, sostuvo.
Durante la mesa “Los retos en la educación y el embarazo adolescente”, Fernando Santibáñez Gutiérrez, director de Enlace con Organizaciones Juveniles del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), se pronunció por un plan de educación integral.
Sostuvo que falta una educación integral, con fundamento científico, que incluya la parte biológica, social y emocional; que explique de forma específica el uso de métodos anticonceptivos, la planeación de la vida sexual y la resistencia a la presión para tener relaciones sexuales.
Por su parte el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, señaló dos caminos que permitirán atender el embarazo en adolescentes, uno es la prevención y acceso a los anticonceptivos de forma oportuna.
El otro brindar el apoyo a las adolescentes embarazadas, el cual debe ser destinado por Imjuve, de becas y guarderías que les permitan continuar con sus estudios, así como a través del cambio del rol del hombre.
Para Gabriela Rodríguez, directora general de Sociedad Civil Afluentes, dijo que el embarazo no deseado entre adolescente es consecuencia de estancamiento económico del país, de “12 años de censura en los libros de texto”, y de no realizar ninguna campaña sobre el tema.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, exhortó a los y las diputadas a visibilizar la desprotección en la que se encuentran las niñas mexicanas.
Por lo anterior pidió apoyar una iniciativa que reforma a la Ley General de Salud, que presentará las próximas semanas, para garantizar el derecho a la salud reproductiva, luego del alto índice de embarazos adolescentes en el país.
Esta iniciativa, subrayó, responsabiliza a los gobiernos federal y estatales a legislar sobre la salud reproductiva e informar de ella a los adolescentes.
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