Leyes energéticas velan intereses económicos: frente ambientalista

El Informador.-El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) advirtieron que las propuestas de leyes secundarias de la reforma energética dan prioridad a los beneficios económicos, a partir de la exploración y explotación de hidrocarburos, en vez de atender el cambio climático, la promoción de las energías renovables, la fracturación hidráulica (”fracking)”, el derecho a la consulta y participación, así como los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano.

Precisaron que el ”fracking” tiene impactos ambientales pues recurre al manejo de millones de litros de agua para fracturar la roca con la presión necesaria; contamina las fuentes de agua y el subsuelo por la acción de aditivos químicos nocivos; deteriora la calidad del aire y acelera el cambio climático.

“Para evitar impactos sociales negativos, es preciso establecer un marco para diseñar una política socio-ambiental donde la explotación de energías renovables genere beneficios claros a los propietarios de la tierra y a las comunidades indígenas y campesinas involucradas; esto se lograría mediante esquemas transparentes de negociación, acuerdo y pago de contraprestaciones, y con la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones bajo el marco de derechos humanos”, propuso Carlos Tornel, analista de Políticas Públicas del CEMDA.

Agregó que “la relación agua-energía es muy estrecha pues todas las fuentes de energía -la electricidad entre ellas- utilizan agua en todas las fases de su proceso productivo, y el paquete energético tiene importantes consecuencias en el uso y aprovechamiento del agua”.

Por su parte Tania Mijares García, directora de la AEAEE, describió que el sector energético es el principal emisor de Gases Efecto Invernadero (GEI) de México con el 69% del total y el país se ha comprometido a reducir sus emisiones de GEI en 30% para el año 2020 y en un 50% para el año 2050. Sin embargo, recalcó que “En México, hoy en día hoy nos cuesta más energía crecer económicamente que hace 10 años.

Recordó que “México tan sólo cuenta con una capacidad de generación de 4.2% de su energía (2012) por medio de fuentes renovables y que para cumplir con las metas de transición energética intermedias para el 2024, debe incrementar en 15.1% su capacidad de generación y en un 18.5% su capacidad instalada.”

Las organizaciones civiles demandaron que aprobar las leyes secundarias sin incluir una política climática y privilegiando la extracción de hidrocarburos del subsuelo, representaría un serio retroceso y desarmonización de los compromisos legales a nivel nacional e internacional.

Señalaron como una “amenaza grave” la que supone el artículo 7º de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ANSIPA), puesto que esta agencia tendría la facultad de autorizar en materia de impacto ambiental en los casos de “tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos; aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; así como obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, litorales o las zonas federales”.

La semana pasada el Instituto Oxford para Estudios de la Energía presentó el estudio “Esperando la Ola Mexicana, Retos para las reformas energéticas y el incremento de la producción petrolera”, el cual expone que la reforma energética no tendrá ningún impacto material antes de la próxima década debido a que retos financieros, políticos y de infraestructura limitarían la inversión extranjera hasta después de 2016, lo cual pondría en riesgo la promesa de que México observará los beneficios de la reforma en sólo cuatro años.

El hecho de que las metas de la reforma sean “inalcanzables” según el informe británico, Leticia Armenta, directora del Centro de Análisis Económico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), lo atribuyó a tres factores: la normativa legal que recién se construye en el Senado de la República, la cual está detenida por caprichos políticos; una serie de estudios de tipo geológico previos que al día de hoy solamente Pemex estaría en capacidad de facilitar, y la falta de infraestructura, que ha sido dejada de lado en nuestro país durante varios años.

“Las reservas [hidrocarburos] en aguas profundas de México no están cerca de ser tan impresionantes como las de Brasil o Angola o incluso las del Golfo de México en Estados Unidos, mientras que la falta de infraestructura sólo hace menos atractivo al potencial de inversiones”, detalló el Instituto Oxford.

Anteriormente, la organización internacional Greenpeace advirtió, a través de un estudio, que las leyes energéticas propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto podrían devastar las Áreas Naturales Protegidas de México, entre ellas la Selva Lacandona.

Ante ello, pidió a los legisladores que eviten que la exploración y explotación de hidrocarburos se lleve a cabo en esas áreas.

“La propuesta oficial elimina toda la política de conservación en el país, tanto para las Áreas Naturales Protegidas federales, como para las estatales y las municipales. Las empresas productivas del Estado, como las de la iniciativa privada, pueden acabar con la riqueza natural, paisajística y cultural de México”, advirtió la organización ambientalista.