El menor que fue herido por policías de Moreno Valle tiene muerte cerebral

Foto: Contraparte

SinEmbargo. El menor herido en la cabeza tras ser alcanzado por una bala de goma en el enfrentamiento entre pobladores y policías estatales en el municipio de Chalchihuapan, Puebla, el pasado 9 de julio, fue diagnosticado con muerte cerebral.

El médico José Antonio Martínez García, director del Hospital General del Sur, donde José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo se encuentra hospitalizado desde hace 10 días, confirmó la muerte cerebral del menor. “Se concluye conforme a la Ley General De Salud que lamentablemente a José Luis Tlehuatle Tamayo se le diagnostica muerte encefálica; consultaremos a la familia sobre los siguientes pasos a seguir”, informó el médico en un comunicado.

Martínez García detalló que el diagnóstico se determinó tras realizarle un electroencefalograma, donde se observó la ausencia completa y permanente de conciencia y la ausencia permanente de respiración espontánea. Y agregó que el estudio arrojó también la ausencia de los reflejos del tallo cerebral, de movimientos oculares en pruebas vestibulares y de respuesta a estímulos nociocéptivos.

José Luis Alberto Tlautle Tamayo, de 13 años de edad, fue herido durante el enfrentamiento entre granaderos y pobladores que bloquearon la autopista Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio.

La Diputada federal, la perredista Roxana Luna Porquillo, denunció en redes sociales el uso de balas de goma por parte de policías de Puebla durante la manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, donde el menor de edad quedó herido de gravedad. Luna Porquillo además compartió fotografías de los artefactos con los que se perjudicó a otro joven de 21 años, quien se encuentra en terapia intensiva.

En sus denuncias, la Diputada cuestionó el uso de balas de goma y gases lacrimógenos durante la manifestación, al publicar una foto de un hombre identificado como Filemón Pacio Grande de San Matin Tlamapa, en donde muestra una herida aparentemente de bala en uno de los costados de su cuerpo.

Según la prensa local, luego del enfrentamiento ocurrido entre granaderos y pobladores de Chalchihuapan tras el bloqueo de más de tres horas en la autopista Puebla-Atlixco, donde se exigía el regreso del registro Civil y la liberación de presos políticos, quedaron al menos 30 personas heridas.

Tras ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente de queja y envió visitadores adjuntos al lugar de los hechos para entrevistarse con los afectados y personas detenidas.

Asimismo en YouTube fue compartido un video donde se aprecia el momento en que José Luis Alberto de 13 años es herido y se intenta remover la sangre de lesiones de su cabeza, aunque no se alcanza a distinguir si fueron provocadas por balas de goma o cohetones.

“LEY BALA”

El 19 de mayo de este año se aprobó en el estado de Puebla, a petición del Gobernador panista Rafael Moreno Valle, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como ”Ley Bala”, la cual permite hacer el uso legítimo de la fuerza “siempre como última medida”.

En un inicio, dicha ley permitía a los policías utilizar armas de fuego durante las movilizaciones sociales en su artículo décimo: “Se considera legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física”.

Días después, y frente a la presión social a la que se enfrentó el gobierno local, se decidió “suavizar” al prohibir que se utilicen armas de fuego. Sin embargo, se permitió el uso de armas no letales.

Organizaciones defensoras de derechos humanos obtuvieron dos amparos del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Puebla para suspender la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los elementos policiacos en esa entidad, mejor conocida como “Ley Bala”, impulsada por el Gobernador panista Rafael Moreno Valle.

En un comunicado lanzado el pasado 16 de julio, las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social señalaron que el juez ordenó que “de ningún modo se haga uso de la fuerza por parte de elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla cuando se ejerzan los derechos de libertad de expresión, de reunión, de manifestación o protesta”.

Dicho fallo es “muestra del compromiso con la garantía de los derechos humanos de las personas en Puebla y una clara voluntad de cumplir con la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que todas las autoridades de México tienen por el mandato constitucional”, consideraron.

Ante la “Ley Bala”, varios ciudadanos promovieron amparos en contra por dar “facultades discrecionales y arbitrarias a las corporaciones policiacas, violatorias a derechos humanos”. Y recordaron que: “la Policía Estatal de Puebla utilizó la fuerza de manera excesiva en una manifestación de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en la autopista Puebla-Atlixco, quienes exigían que los servicios del Registro Civil fueran regresados a la comunidad”, pues ahora deben trasladarse a la capital para realizar el trámite.

Indicaron que la acción policiaca se realizó bajo el marco de dicha ley y dejó medio centenar de manifestantes heridos.

MORENO VALLE SE DEFIENDE

El pasado martes el gobierno de Puebla afirmó que en el retiro de aquella manifestación, el despliegue policial se produjo en todo momento bajo un esquema de contención y disuasión, con el único objetivo de lograr la apertura de la vía.

“En ningún momento se utilizaron balas de goma”, dijo en conferencia de prensa el Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Al fijar su postura con relación a los hechos ocurridos ese día, Maldonado Venegas recordó que los manifestantes interrumpieron el flujo vehicular por más de cinco horas e incurrieron, dijo, en acciones violentas.

El funcionario estatal señaló que desde el primer momento del cierre, y a lo largo del mismo, se les convocó al diálogo y la negociación, con la concurrencia de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno.

El operativo de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dicen, se realizó agotados los llamamientos al diálogo, no obstante la violencia expuesta por los manifestantes fue exclusiva, las fuerzas policiales utilizaron escudos y cascos. Ante la escalada de violencia y agresión de parte de los manifestantes, se utilizó gas lacrimógeno para dispersar y contener a los agresores, señaló.

“El comportamiento del grupo de manifestantes, no corresponde al perfil ciudadano de una protesta, ya que dio muestras de una intención claramente organizada, premeditada, de franca provocación y agresión”, estimó.

Por su parte, el Gobernador Rafael Moreno Valle solicitó al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que la dependencia atrajera las investigaciones por el desalojo, luego de diversas denuncias sobre el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía estatal en Chalchihuapan.

Sin embargo, este jueves el gobierno estatal informó que la Procuraduría sólo coadyuvará con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en las investigaciones del caso. Se acordó que se establecerá una coordinación entre la dependencia federal y la PGJE.

Por el momento, la PGJE dará vista a laPGR, una copia de la averiguación previa respectiva y aportará también los peritajes, estudios técnicos y todos los elementos que obran en el expediente.