Exigen condiciones óptimas para ejercer el periodismo tras agresión a reportera en Guanajuato

MVS. La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), la Red Nacional de Periodistas (RNP) y Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), demandan al gobernador de Guanajuato en México, Miguel Márquez y a las autoridades correspondientes, se implementen “acciones urgentes de seguridad para salvaguardar la vida y el ejercicio periodístico de Karla Janeth Silva Guerreo, corresponsal en Silao del Periódico El Heraldo, quien fue golpeada al interior de las oficinas del medio de comunicación por personas aún no identificadas y a consecuencia de estos hechos se encuentra hospitalizada.”

La tarde de jueves 4 de septiembre del 2014, tres desconocidos atacaron a la reportera y a una secretaria en la redacción de dicho diario, tras una serie de actos intimidatorios y de bloqueo al trabajo de la informadora, como ella había notificado a sus colegas.

La reportera agredida expresó que un posible autor intelectual de la golpiza en su contra es el priista Enrique Benjamín Solís Arzola, Presidente Municipal de Silao, Guanajuato; este político –reveló la informadora– le amenazó en días anteriores para que dejara de publicar reportes sobre la carencia de servicios municipales, la falta de transparencia y el derroche de recursos en la administración de dicho funcionario.

Ante la violencia ejercida en contra de Karla Janeth Silva Guerrero , la red internacional confirmada por periodistas de 35 naciones y las agrupaciones mexicanas exigen al Gobierno de Guanajuato “investigar, juzgar y sancionar la violencia contra periodistas , incluidas, cuando sea necesaria, unidades especializadas de investigación o tribunales especializados y los procesos judiciales pertinentes que se inicien, eliminando así todas las barreras de género que obstaculizan o impiden a las mujeres periodistas el ejercicio de su derecho a la justicia. Incluida la condena pública a cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para los periodistas.”

El gobierno de Guanajuato también debe otorgar “una debida reparación del daño” ocasionado a la periodista, familiares y medio al que pertenece para, así, lograr el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y que lleve a cabo una adecuada investigación para que el ataque no quede impune.