El cargo en favor de la Contraloría Municipal, aprobado recientemente en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Puebla abarca el programa llamado “Retención 5 al millar” e implica que las empresas que formen parte del padrón de proveedores de la presidencia municipal otorguen un porcentaje del 0.05% del costo total del proyecto para efectos de auditoría, explicó la contralora municipal Luz María Aguirre.
“Se pretende que todos los contratistas que trabajen o generen obra al municipio aporten un porcentaje al municipio para efectos de supervisión o de capacitación, para que las obras públicas garanticen la calidad que los ciudadanos merecen”.
En números, si se contabiliza este cargo bajo el recurso del ayuntamiento de 2014, este presupuesto sería de 250 mil pesos, algo mínimo, expuso Aguirre.
Uno de los programas puestos en marcha en el mes de septiembre por la Contraloría Municipal, fue el de laboratorio móvil con el que se auditan obras y proyectos de la capital, a partir del arranque de estas unidades se han revisado más de 50 obras y de esas a 5 se les han encontrado pequeñas fallas como terminación, acabado de obra, y bacheo, principalmente. Al identificarse estos aspectos se dan a conocer a los empresarios a efectos de que se reparen.
En el caso específico del concreto hidráulico se han hecho revisiones también pero las concesiones pertenecen al gobierno del estado, por tanto no puede turnarse la petición por parte del ayuntamiento. Cuando se hace caso omiso a las notificaciones por reparación, no se descarta que las empresas se den a conocer para dejar de ser contratadas por otras instancias.
En otro tema la contralora dijo que el ayuntamiento acumula 199 quejas a funcionarios públicos, sin embargo todas estas aún se encuentran en la etapa de investigación y hasta a hora, del total se han descartado un 40%, ya que fueron improcedentes o se resolvieron de manera rápida como es el caso de un mal servicio en ventanilla o que un quejoso no ratificara su denuncia, aclaró la contralora municipal.
Asimismo informó que en cuanto a funcionarios públicos se tienen un total de 10 procesos administrativos en estado formal y que hasta el momento no han tenido una sanción, estos elementos podrán agotar todas sus instancias para revocar el proceso.
La principal causa por la que se dieron estos procesos fue por falsificación de documentos de personal y las dependencias a las que pertenecían son: la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernación.
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