Pacto por la seguridad convocado por EPN es una simulación: CCSPJP

MVS. El Pacto por la Seguridad convocado por el presidente Enrique Peña Nieto, es mediático y una simulación, acusaron integrantes del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal.

En conferencia de prensa, José Antonio Ortega, presidente del Consejo, dijo que es absurdo que el gobierno federal y los partidos, intenten crear un nuevo Pacto cuando las instancias encargadas de la seguridad no están dando los resultados necesarios en la materia.

Tal es el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además que no se han ejercido acciones en contra los probables responsables de los hechos, tal es el caso del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre para quién exigen que se abra una investigación.

A decir del representante de la sociedad, para que un Pacto sea efectivo se requiere de la participación y eficacia de todas las autoridades vinculadas con la seguridad, además de la participación activa de la población para que en verdad empiecen a reducir los delitos y no queden impunes.

“No puede ser un Pacto que nos dé el gobierno para que nosotros vayamos como paleros para firmar y sirvamos para avalar sus condiciones y omisiones”. Sentenció.

En torno al caso de Guerrero, insistieron en que el PRD tiene que rendir cuentas por las omisiones en las que ha incurrido, toda vez que hasta el momento no ha mencionado nada de la responsabilidad de Ángel Aguirre, ni ha aclarado por qué se encontraba José Luis Abarca escondido en Iztapalapa, cuando se trata de una de marcación perredista.

Por otra parte, también acusaron que el actual gobernador del estado, Rogelio Ortega, quién dicen, en 2009 también fue denunciado ante PGR por su implicación en secuestros y terrorismo.

Asimismo, aprovecharon para exigir a la autoridad militar que explique el por qué las fuerzas federales no actuaron la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

De forma paralela al Pacto que quiere impulsar el gobierno federal, los ciudadanos anunciaron el “Acuerdo de México para Reformar la Justicia y Construir la Paz”, en el que participe la sociedad civil y que los Poderes del Estado se sumen a la propuesta de la sociedad civil.

El acuerdo está confirmado por diez puntos en los que se propone que el gobierno federal muestre voluntad política para combatir al crimen organizado; exigen que se esclarezca el caso de desaparición de los 43 normalistas; una adecuada estrategia de combate al crimen organizado; cambiar la imagen de México a través de dotar de mayor credibilidad al gobierno.

Además, depurar a las instituciones de seguridad; que los gobiernos rindan cuentas ante la sociedad; mayor participación ciudadana; desmantelamiento de redes de corrupción; no tolerar hechos violentos en movilizaciones, principalmente en estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y D.F, entre otros.

Entre las organizaciones firmantes del Acuerdo, está el Club de Rotarios; Red Social por un México libré de Violencia; el Consejo de Odontología del Edomex y Asociación Nacional de Abogados, entre otros.