Cronología de la incertidumbre tras la desaparición de 43 normalistas

EFE. Seis semanas después de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, el fiscal de México, Jesús Murillo, aseguró hoy que fueron asesinados y quemados, mientras los padres afirman que mientras “no haya pruebas” seguirán exigiendo la búsqueda de sus hijos vivos.

A continuación una cronología de los hechos más significativos del caso:

26 de septiembre: Seis personas mueren, 25 resultan heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecen en ataques a tiros de la policía de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos.

28 de septiembre: La fiscalía del sureño estado de Guerrero arresta a 22 policías de Iguala por su “presunta responsabilidad” en los ataques.

30 de septiembre: El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, llama al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a demostrar que no tiene nada que ver con los hechos. El político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) pide licencia por 30 días y se fuga.

1 de octubre: Aguirre ofrece un millón de pesos (74.000 dólares) a quien dé información que permita hallar a los jóvenes desaparecidos, mientras la fiscalía estatal anuncia órdenes de presentación contra Abarca y el titular municipal de Seguridad, Felipe Flores, cuyo paradero se desconoce.

3 de octubre: La representación en México de la Organización de las Naciones Unidas condena “enérgicamente” los hechos de Iguala, que consideró de “extrema gravedad” y “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.

4 de octubre: La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) asume la investigación sobre la desaparición de los jóvenes y envía “un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público Federal” a Guerrero para encabezar las pesquisas.

6 de octubre: El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice estar profundamente “consternado” por los hechos de Iguala y los califica de “indignantes, dolorosos e inaceptables”.

7 de octubre: El Gobierno de EE.UU. considera que la “preocupante” desaparición de los 43 estudiantes en México exige una investigación “completa y transparente” y que los responsables sean sometidos a la justicia.

8 de octubre: Human Rights Watch (HRW) acusa al Gobierno de Peña Nieto de responder “muy tarde” a las desapariciones en Iguala y de “encubrir la masacre” de 22 personas por parte de militares el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, dentro de un patrón de “desidia” ante la crisis de derechos humanos.

17 de octubre: El Gobierno anuncia el arresto de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, grupo criminal que es señalado como responsable de las desapariciones.

22 de octubre: La fiscalía afirma que el alcalde prófugo de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales de la represión a los estudiantes, mientras 25.000 personas, en su mayoría vestidas de blanco, marchan por la capital mexicana para exigir que los alumnos aparezcan con vida.

23 de octubre: El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anuncia que se separa del cargo para “favorecer a un clima político” que permita resolver la emergencia desatada por la desaparición de los estudiantes.

26 de octubre: El Congreso de Guerrero nombra a Rogelio Ortega como nuevo gobernador, quien permanecerá en el cargo hasta el 27 de octubre de 2015, en sustitución de Aguirre.

27 de octubre: El fiscal mexicano anuncia la detención de cuatro presuntos miembros de Guerreros Unidos que confesaron haber participado en la desaparición de los estudiantes.

29 de octubre: Peña Nieto anuncia una serie de acuerdos logrados durante una reunión con los padres de los desaparecidos, entre ellos el de fortalecer los esfuerzos de búsqueda, pero los familiares dicen que sus promesas “no son suficientes” e insisten que quieren la aparición con vida de sus jóvenes.

El papa Francisco envía “un saludo especial al pueblo mexicano que sufre la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos”.

4 de noviembre: Abarca y su esposa son detenidos en la capital mexicana, en un operativo sin disparos de la Policía Federal.

5 de noviembre: Abarca es recluido en una prisión federal en el central Estado de México por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, mientras que un juez federal ordena detención provisional por 40 días a su esposa.

7 de noviembre: Murillo confirma que los 43 estudiantes fueron asesinados por miembros de Guerreros Unidos, según tres nuevos detenidos que confesaron el crimen, pero aclara que la investigación sigue abierta y los jóvenes seguirán como “desaparecidos” hasta que sean identificados los restos por un laboratorio de Austria.

El presidente promete continuar los esfuerzos para “el total esclarecimiento” de los hechos y castigo a quienes participaron en estos “crímenes abominables”, mientras los familiares aseguran que mientras “no haya pruebas”, seguirán exigiendo la búsqueda de sus hijos “vivos”.