La Jornada. Diputados federales que integran la Comisión de Derechos Humanos solicitaron al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, una reunión para resolver los casos de Nestora Salgado García, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y de Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop).
Roberto López Suárez, Elena Tapia, José Luis Muñoz Soria, Carlos de Jesús Alejandro, Loretta Ortiz, Lourdes Amaya, María del Rosario Merlín y Ricardo Mejía Berdeja entregaron al gobierno de Guerrero una misiva en la que exponen formalmente la intención de reunirse con Ortega Martínez para dar cauce a esos casos de los detenidos en la administración de Ángel Heladio Aguirre Rivero, durante la crisis de las policías comunitarias.
Ante la falta de seguridad que día con día se incrementa en las zonas campesinas e indígenas de Guerrero, los habitantes de las zonas Sierra y Montaña se han organizado en grupos de autodefensa. La policía comunitaria surgió con la finalidad de garantizar la seguridad de los habitantes y comunidades frente a las violaciones de derechos humanos, y del actuar de grupos delincuenciales.
En ese entorno, refiere el legislador perredista Roberto López Suárez, se perpetró la detención de Nestora Salgado y un grupo de policías comunitarios en el municipio de Olinalá.
Nestora Salgado, que emigró a Estados Unidos para trabajar como recamarera y empleada doméstica, obtuvo la nacionalidad estadunidense, y en 2002 retornó a México, donde sufrió un accidente que la hizo regresar a Estados Unidos para atenderse ante la imposibilidad de recibir los cuidados necesarios en el sistema de salud pública de México.
Años después regresó al país para incorporarse a la Policía Comunitaria de Olinalá. Durante su actuar, el 16 de agosto del año pasado, refirió López Suárez –quien es uno de los principales promotores para su liberación–, ocurrió la detención del síndico del municipio, Armando Patrón, a quien se le acusaba de haber cometido abigeato, y de probablemente haber participado en el asesinato de dos ganaderos.
La Policía Comunitaria, en la que participaba Nestora Salgado, lo condujo a la casa de justicia del municipio, y al permanecer encerrado en ese sitio por los comunitarios, los familiares de Patrón denunciaron que éste se encontraba secuestrado.
Así, la integrante de la CRAC y otras 30 personas fueron detenidas por 20 militares, y la comandanta de los comunitarios fue trasladada a un penal de alta seguridad en Nayarit.
En ese sitio, y desde entonces, Nestora Salgado se encuentra aislada, acusada del delito de secuestro.
El trato infringido a la integrante de la Policía Comunitaria ha merecido la desaprobación de diversos organismos de derechos humanos, y es objeto de una campaña en pro de su liberación montada desde la Cámara de Diputados.
Roberto López Suárez, quien encabeza el esfuerzo por liberarla, y siete diputados más del PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, ahora demandan a Rogelio Ortega Martínez un encuentro para que éste agilice la liberación de la integrante de la CRAC.
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