Publica Gaceta del Senado iniciativa presidencial

Notimex. La Gaceta del Senado de la República publicó este martes la iniciativas de reformas constitucionales enviadas la víspera por el presidente Enrique Peña Nieto que busca replantear a nivel nacional el sistema de policías en los municipios.

Asimismo, dar atribuciones a la Federación en los casos en que los ayuntamientos sean infiltrados por el crimen organizado.

El paquete de reformas a los artículos 21,73, 104, 105, 115, 116 y 123 constitucionales, que se prevé sea turnado a comisiones para su análisis, establece un Mando Único Policial Estatal.

Replantea el modelo en materia de seguridad pública que ha recaído en los municipios y en donde se reconoce que se requiere una transformación ante los altos niveles delictivos y de violencia en el país.

“Establece un nuevo sistema policial que permitirá que las familias mexicanas salgan de sus casas con tranquilidad y que los policías más cercanos a ellas, sean personas profesionales, confiables y cuyo principal interés sea garantizar su seguridad”, precisa la iniciativa.

Además se podrá facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la federación y entidades federativas en materia de seguridad pública, así como homologar criterios y procedimientos en la materia.

Se subraya la necesidad de desaparecer las mil 800 corporaciones policíacas municipales que se reconocen son “débiles” ante la presencia del crimen, por lo que se plantea establecer 32 mandos únicos estatales, que deberán operar en un plazo máximo de dos años.

El presidente Peña propone otorgarle a la Federación, con la intervención del Senado, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación, para asumir total o parcialmente las funciones de los ayuntamientos, cuando éstos se encuentren “infiltrados” por el crimen organizado.

En este tema se establece el siguiente procedimiento: El Fiscal General de la República, cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, advierta indicios suficientes para considerar que hay infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios municipales, lo comunicará al secretario de Gobernación.

El titular de Gobernación, de considerarlo procedente, en forma conjunta solicitaría la aprobación de la Cámara de Senadores para que la Federación asuma temporalmente en forma total o parcial las funciones del municipio en los términos que disponga la ley reglamentaria.

Se incluye facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales para determinar la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública y se homologuen los criterios y procedimientos en la materia.

Se definan con libertad qué conductas deben ser tipificadas en dichas leyes generales y distribuyan en esos casos, las competencias para su investigación, persecución y sanción en forma de que el Constituyente delega en el Congreso de la Unión la facultad para determinar qué tipos penales serán en materia de regulación en leyes generales.

La iniciativa del Ejecutivo federal propone establecer las competencias en materia penal para la investigación, persecución y sanción de los delitos con independencia del fuero, incluyendo como mínimo los supuestos de conexidad, atracción, delegación y coordinación en estas materias.

Se plantea “modificar el esquema de coordinación para generar uno cooperativo, donde bajo las reglas definidas, pero también flexibles, de forma en que las autoridades locales puedan conocer de delitos federales y las autoridades federales de delitos locales”.

Con ello, se evitaría la rigidez actual del sistema de competencias penales que se reduce a permitir en determinados delitos establecidos en leyes generales, la distribución en materias concurrentes y la conexidad entre los delitos federales y locales.

La iniciativa recoge una importante demanda de la sociedad, al tiempo de que atiende las causas estructurales que han mermado la capacidad del Estado para “garantizar efectivamente las libertades de las personas, que al mismo tiempo han generado debilidad institucional en materia policial que impera en muchos municipios del país”.

Algunos municipios han cedido espacios a las estructuras delictivas, y en algunos casos han sido adoptadas por el crimen organizado y mencionó que a que a pesar de que en los últimos años se ha reducido el homicidio doloso, los delitos de secuestro y de extorsión han aumentado, de ahí la necesidad impostergable de revertir estos delitos y garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.

La propuesta reconoce que varias corporaciones policíacas municipales “no han tenido la solidez institucional para hacer frente a la delincuencia en sus diferentes expresiones, lo que se ha traducido en la acotación de los elementos que integran estas corporaciones por parte del crimen organizado”.

“En varios casos las policías municipales han sido corrompidas o infiltradas por grupos criminales, y por ende, carecen de credibilidad o confianza para llevar a cabo sus funciones de combate a los delitos del orden común que afectan a las personas”, se añade.

Con estas reformas, se incrementaría el salario a los policías y su nivel de educación, ya que algunos cuentan con un bajo nivel educativo.

Se prevé en el esquema de investigación, persecución y sanción, la expedición de una Ley General de Competencias Penales, que podrá distribuir competencias y establecer supuestos de actuación bajo mecanismos menos rígidos, en atención a las capacidades de cada autoridad.

Por ejemplo, podrá preverse que autoridades locales en ciertos supuestos, persigan delitos federales, o bien, las federales persigan delitos locales.

“México requiere una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases mismas sobre las que está construida. Una reforma superficial sería insuficiente e irresponsable”, añade el mandatario en su iniciativa.