MVS. El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso, señaló que pese a las explicaciones del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, sobre la casa que le compró al empresario Juan Armando Hinojosa y cuyo costo fue de 7.5 millones de pesos, el asunto resulta sospechoso y debe someterse a investigación.
El diputado Alonso Raya recalcó que por hechos como ese y el de la casa de la esposa del Presidente de la República, en torno a la que también está involucrado el propietario del Grupo Higa, es que urge contar con un sistema anticorrupción serio, no con una “farsa”.
El coordinador del Sol Azteca señaló que el caso de la casa blanca de la esposa del Primer Mandatario y ahora la propiedad del titular de Hacienda, comprada al mismo postor, que también es asiduo contratista del Gobierno Federal, dejan ver la existencia de una red de complicidad entre el Ejecutivo Federal y su gabinete con el empresario Hinojosa Cantú.
La propiedad forma parte de una “turbia relación” y una serie de complicidades entre funcionarios del más alto nivel en el país y el empresario que también recibió cuantiosos contratos del Estado de México, cuando el ahora Presidente Enrique Peña gobernaba esa entidad, por ello, es obligado que las autoridades respectivas intervengan.
“Estos escándalos de presunta corrupción que involucran a funcionarios de la actual administración y a Juan Armando Hinojosa, una de cuyas empresas construyó y financió la Casa Blanca, valuada en 7.5 millones de dólares, de Angélica Rivera, concede la razón a quienes nos oponemos a que el órgano anticorrupción sea presidido por el Ejecutivo Federal”, enfatizó.
El líder del Sol Azteca en San Lázaro enfatizó que mientras ese tipo de sucesos se desarrollan, en el Legislativo se complica la discusión sobre las normas anticorrupción.
Aprovechó para aclarar nuevamente que el predictamen existente sobre el sistema nacional anticorrupción, refleja principalmente los planteamientos priístas y no fue avalado por el PRD, porque contempla que el Sistema Nacional de Integridad Pública, cuente con un Consejo Nacional presidido por el Jefe del Ejecutivo y gobernadores.
Dicho Consejo, abundó Alonso Raya, se encargaría de diseñar, evaluar, prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción, así como promover la “integridad pública”.
Pero si los funcionarios que deben someterse al escrutinio público y que en estos momentos son cuestionados, como el Presidente de la República, dictarán las líneas de la lucha anticorrupción, ese esfuerzo será una mera simulación.
“No puede haber seriedad en un órgano anticorrupción si tu pones a que el consejo lo presidan quienes van a ser fiscalizados; puedes ser llamado de otra manera, órgano complaciente, órgano tapadera, órgano para poder simular; porque así como está planteado no serviría para combatir realmente la corrupción”, refrendó.
Puntualizó que el PRD propuso su propia iniciativa anticorrupción, en la que habla de un Comité Coordinador Interinstitucional, bajo la presidencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no del Primer mandatario.
La propuesta perredista agrega que el Comité señalado coordinará, desarrollará y garantizará la aplicación de políticas públicas y mecanismos para prevenir, disuadir, detectar y sancionar la corrupción.
“Es necesario que un órgano anticorrupción tenga autonomía y que le demos fuerza y dientes para que tenga capacidad de combatir las prácticas para las cuales pretendemos crearlo, y no inhibirlo al incorporar a los entes a los que tiene que fiscalizar, entre ellos al Ejecutivo Federal”, abundó.
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