MVS. Con voto unánime de las y los consejeros e incluso el visto bueno de los partidos políticos, el Consejo General del INE, aprobaron la propuesta, por el que se permite que los Consejos Locales y Distritales del Instituto, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, autoricen que el personal de las Juntas respectivamente desarrollen sus funciones en sedes alternas.
La medida es adoptada luego de que Juntas Distritales del INE 08 de Ayutla, 05 de Tlapa y 07 de Chilpancingo, así como la 04 de Acapulco, fueron tomadas por presuntos integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.
Sin hablar del contexto de violencia que se vive en el estado de Guerrero, luego de la desaparición de los 43 estudiantes Normalistas de Ayotzinapa, a nombre de los consejeros, Javier Santiago Castillo y Marco Antonio Baños Martínez, la consejera Pamela San Martín, presentó la propuesta de utilizar “sedes alternas”, para el adecuado funcionamiento de las Juntas Distritales del INE.
“Ante las circunstancias es un acuerdo muy pertinente, que permite a las juntas locales y distritales, por causa de fuerza mayor o caso fortuito el sesionar o desarrollar sus funciones en sedes alternas. Lo que el proyecto nos señala es que sean los consejeros locales y distritales quienes autoricen el desarrollo de las funciones en sedes alternas, y me parece que esto permite el adecuado funcionamiento del Instituto, y debe señalarse que esto no significa una alteración al funcionamiento como tal, es el espacio físico donde se celebrarían las reuniones o los trabajos de nuestras juntas”
Se explicó que este acuerdo permitirá a la autoridad electoral, actuar ante situaciones como toma de instalaciones, inundaciones, terremotos o cualquier otra circunstancia que impida la labor electoral.
Un tanto sorprendidos, pues, este punto fue abordado en una sesión extraordinaria de último momento, los representantes de los partidos políticos expresaron su solidaridad al punto de acuerdo.
No obstante, el representante del Movimiento de Regeneración Nacional, Horacio Duarte Olivares, dijo que a esta propuesta, ya aprobada, se necesitaba “definir una ruta mucho más integral”.
“Cada día cobra más sentido que para el caso Guerrero el Instituto Nacional Electoral tiene que definir una ruta mucho más integral. Si bien este acuerdo puede ayudar a subsanar un tema operativo, me parece que no se está viendo el tema de fondo, el tema en su integralidad, simplemente se resuelve un tema e mover al personal a lugares diferentes a los locales que ocupan los consejos local y distrital, respectivamente”.
Agregó, que ante los conflictos como en de Guerrero, los partidos políticos deben actuar con responsabilidad, responsabilidad que también debe asumir el gobernador interino de la entidad.
“Y reiteraríamos el llamado al Consejo General para que en este tema no seamos omisos, y digo no seamos porque hay una corresponsabilidad de los partidos, la institución y la autoridad electoral para garantizarle no a los partidos, no a la autoridad, sino a los ciudadanos el derecho que tienen de elegir en normalidad, aún con la situación de dolor, con la situación de indignación que genera el tema de Ayotzinapa, pero se garantice el derecho constitucional de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes. Vemos algunas declaraciones, por ejemplo, del Gobernador del estado, que plantea que si no pueden, si no quieren, que se vayan. Me parece que poco abonan las declaraciones del Gobernador de Guerrero”.
En su momento, el PAN en voz de su representante, Francisco Gárate Chapa, mantuvo su exigencia en el sentido de que las y los consejeros elaboren “una ruta crítica, ante mayores eventualidades.
“Que el Instituto Nacional Electoral no puede ser reactivo, me parece que sabiendo o conociendo lo que está sucediendo, en realidad tiene que diseñar un plan, una estrategia, con una ruta crítica, con alternativas, definiendo claramente lo que también aquí hemos señalado, mapas de riesgo y no porque el Instituto sea el responsable de la seguridad de los ciudadanos, pero porque es justamente el responsable de la organización del proceso electoral”.
Entre esta ruta crítica, se debe contemplar el solicitar el apoyo de las autoridades en materia de “seguridad”.
“y para ello también habrá que estar solicitando el apoyo de las autoridades locales y federales encargadas de la seguridad de los ciudadanos, y a lo mejor diseñar estrategias conjuntamente para establecer cercos que impidan que nuestras instalaciones puedan estar siendo resguardadas y que no estemos, porque tampoco creo que sea correcto, “a salto de mata”. No son las autoridades electorales delincuentes, son ciudadanos que están haciendo una labor, que están realizando una función del Estado de organizar la elección y tenemos que darles finalmente esa garantía que puedan llevar a cabo sus funciones”.
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