Exigen en Cabildo un informe de la participación de la SSPTM en detención de universitarios

Foto: Alejandro Muñoz

Por: Elena Domínguez Serrano.

En un posicionamiento durante la sesión ordinaria de Cabildo, el regidor Iván Galindo condenó los actos de represión que emprendieron elementos de corporaciones policíacas al disolver una manifestación de estudiantes durante la visita de Peña Nieto, por ello solicitó un informe a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para deslindar responsabilidades y saber cuál fue la participación del ayuntamiento en el operativo.

Apeló que la ciudadanía tenga conocimiento de si el ayuntamiento participó en las detenciones de los estudiantes durante la manifestación del lunes, pues en un estado democrático debe imperar el respeto a la libertad de expresión y de protesta. Además fue condenado como un acto de represión al no precisar el motivo del arresto y después de varias horas dejar a los estudiantes en libertad.

“Como fracción nos oponemos a este tipo de actos y expresamos nuestro rechazo a estas medidas en cualesquiera de sus formas, porque consideramos que no es posible criminalizar la libertad de expresión y la disidencia. En un estado liberal y democrático en el que creemos vivir, no se puede utilizar a las instituciones del estado para perseguir a los ciudadanos o acallar la voz de los universitarios”.

En ese entendido hizo la petición formal a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades, para saber la participación que tuvo la SSPTM en la detención de estas personas y en específico las causas que fundaron y motivaron dichas detenciones.

Por su parte, la regidora, Ángeles Ronquillo, se sumó al llamado del regidor priista, expresó que es necesaria una investigación, pues los hechos únicamente se conocen por versiones mediáticas y es necesario mostrar a la ciudadanía la verdad, ejerciendo así la transparencia como municipio.

En su momento y a modo de réplica, el síndico municipal, Héctor Sánchez, dijo que los juzgados calificadores donde se trasladaron a estas personas son jurisdicción del ayuntamiento, por lo que aseguró que evaluaron el caso imparcialmente y bajo un estricto rigor en los derechos humanos.