Notimex.- El Instituto Federal de Acceso a la Información le pidió a la Secretaría de Agricultura, entregar documentos, oficios, correos electrónicos o cualquier información relacionada con el proyecto de explotación de fosforita u otros minerales del mar en Baja California Sur, denominado “Don Diego”.
De igual forma, deberá responder al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre dicho proyecto, precisó en un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Indicó que el Congreso de la Unión le solicitó a la dependencia informar sobre los permisos para la explotación de fosforita u otros minerales, considerando el impacto al medio ambiente marino y los efectos a la actividad pesquera en dicho estado.
Mientras que un particular le pidió a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) la misma información, a lo cual el sujeto obligado se declaró incompetente y lo orientó a presentar su requerimiento ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
En el análisis del caso, luego de que el particular se inconformó ante el IFAI, la comisionada Areli Cano Guadiana, consideró que Sagarpa es competente para dar respuesta, pues en noviembre y diciembre pasados le solicitó información a Conapesca para atender el punto de acuerdo legislativo.
Expresó que el tema es relevante toda vez que el derecho de acceso a la información surge con motivo de los temas ambientales: “por lo tanto, debe transparentarse lo relativo a temas como el agua, el aire, el suelo y los recursos naturales en general, así como las actividades o medidas que puedan afectar a la población”.
La dependencia debió turnar la solicitud de información a la Coordinación General de Enlace Sectorial y a la Dirección General de Estudios Interinstitucionales, áreas competentes para dar respuesta a los requerimientos del solicitante.
El proyecto “Don Diego” es el único en su tipo en México y existen diversas opiniones sobre los efectos económicos y ambientales de su implementación, por lo que “garantizar la transparencia en todo el proceso contribuirá a dar certidumbre entre la población y confianza en las instituciones”.
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