Califica Actívate por Puebla, que el proyecto de una nueva Ley de Transparencia, presentada por la diputada Josefina Buxadé, adolece de algunos planteamientos y contiene un obstáculo que inhibe el acceso a la información pública.
La organización Actívate por Puebla consideró que la iniciativa de ley de transparencia podría inhibir el acceso a la información pública al exentar la prueba de daño y la prueba de interés público, la invocación de los secretos fiduciario y bancario tratándose de recursos públicos; y no eliminar la ratificación del recurso de revisión que contiene la ley vigente.
Más aún, obliga a quien interpone un recurso de revisión de forma electrónica a ratificarlo personalmente si su domicilio se encuentra dentro del lugar de residencia de la CAIP o mediante “escrito libre firmado” si reside en otro lugar.
En un comunicado, reconoció que el documento cumple con la mayoría de los 12 puntos que enunciaron la semana pasada como aspectos primordiales para una ley de vanguardia.
La iniciativa sí le da autoridad a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) sobre todos los sujetos obligados; le otorga carácter definitivo, inatacable y obligatorio a sus resoluciones; le dota de nuevas facultades en función de su autonomía constitucional; la obliga a hacer uso de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de quien interpone un recurso de revisión y establece sanciones y responsabilidades claras para garantizar su cumplimiento.
De igual forma, reduce al máximo los costos para la entrega de la información, si es el caso; señala con claridad las causales de reserva; amplía las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados e incorpora obligaciones específicas para cada uno de ellos; permite la participación de la sociedad civil en el proceso de selección de los comisionados y lo hace transparente; e incluye a los partidos políticos como sujetos obligados.
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