Exige oposición atender recomendaciones de ONU sobre desaparición forzada

MVS. Las observaciones para México hechas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), deben atenderse de inmediato, demandaron integrantes de la Comisión de Derechos de la Cámara de Diputados.

Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Movimiento Ciudadano (MC), recalcaron que se necesita contar con una ley general en materia de desapariciones forzadas, que homologue en todos los estados el tratamiento a ese tipo de delitos.

En tanto, la senadora del PAN, Laura Rojas, anunció que solicitará al Gobierno Federal enviar a la brevedad al Congreso de la Unión, propuestas de ley para combatir la desaparición forzada y atender las recomendaciones que hizo el Comité de la ONU.

La congresista agregó que pedirá al Ejecutivo retire las reservas a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

En primera instancia, los diputados y diputadas federales indicaron que las observaciones del CED representan la oportunidad de corregir el camino en cuanto al tratamiento de las desapariciones forzadas en México y de aceptar que se trata de una práctica generalizada.

“Una muestra de este hecho es el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en 2014 abrió 315 expedientes por desaparición forzada o involuntaria, que involucran a  436 presuntas víctimas, tan sólo de los casos de los que tuvo conocimiento dicho órgano”, dijeron.

El caso más claro, abundaron, es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, el cual ha evidenciado la impunidad de la delincuencia, la omisión e indiferencia de las autoridades, y aún más grave, las relaciones entre gobernantes y el crimen organizado.

Tal situación también revela que el país no cuenta con cifras ni estadísticas claras sobre el número desaparecidos y aunque existen protocolos de atención y búsqueda inmediata de personas, éstas no se aplican de manera debida.

Señalaron que las observaciones del CED confirman lo que la izquierda en el Congreso ha demandado durante años: tipificar a nivel nacional la desaparición forzada, homologar en todo el territorio las sanciones e instrumentos de búsqueda e investigación, así como contar con una base de datos general y actualizada que permita localizar a víctimas de desaparición y en especial de desaparición forzada.

El país también debe propiciar que los casos no resueltos puedan llegar a la Corte Penal Internacional por tratarse de crímenes de lesa humanidad y se cumpla con el Estatuto de Roma.

“Por estas razones lamentamos las actitudes contradictorias del Gobierno Federal, que en su misión a Ginebra manifestó a la ONU disponibilidad a resolver los pendientes en materia de desapariciones, pero hoy las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional rechazan, sin fundamento, el diagnóstico y las propuestas del CED”, recriminaron.

Las diputadas Elena Tapia, Loretta Ortiz y Roxana Luna; así como los diputados José Luis Muñoz, Ricardo Mejía y Roberto López Suárez, enfatizaron que en lo tocante a la izquierda en el Congreso, existe el compromiso de aceptar las observaciones en cuestión y cumplirlas sin pretextos.

En tanto, la senadora Rojas Hernández enfatizó que es necesario responder de manera integral y positiva a los señalamientos de la ONU, por lo que no deben existir trabas legales para el cumplimiento cabal de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Recalcó que para ello, el Ejecutivo debe informar al Senado qué acciones emprenderá ante las recomendaciones emitidas y cómo cumplirá su compromiso, a fin de contar para junio próximo con una propuesta de ley en la materia.

La también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado, señaló que el país no puede eludir la responsabilidad de combatir la desaparición forzada, catalogada como una práctica ilícita que prevalece en gran parte del territorio nacional.

Demandó trabajar en una Ley General sobre desaparición forzada, para combatir ese flagelo y garantizar que las víctimas y sus familiares tendrán derecho a la reparación del daño a una indemnización rápida, justa y adecuada.

Insistió en que México debe admitir la competencia del Comité de la ONU para recibir quejas individuales y reconocer su facultad de examinar las comunicaciones en que un Estado integrante, señale a otro por no cumplir sus obligaciones en la materia.