MVS. En la Cámara de Diputados, persisten las diferencias entre las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre aspectos centrales del Sistema Nacional Anticorrupción.
El diputado panista, Fernando Rodríguez Doval, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, manifestó que a reserva de analizar las propuestas de cambio presentadas por el tricolor, esa bancada se niega a admitir que el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sea ratificado por el Senado de la República.
En tanto, el vicecoordinador jurídico del tricolor, Héctor Gutiérrez, señaló que si el PAN insiste en romper el equilibrio de poderes, invadiendo la facultad del Ejecutivo de nombrar al contralor del país, entonces deberá aceptar que el Primer Mandatario nombre a los contralores de la Cámara y del Senado de la República.
“No está prevista en la propuesta del Grupo Parlamentario del PRI. Quisiera recordarles que el secretario de la Función Pública es el contralor interno del gobierno federal, si queremos un verdadero equilibrio de Poderes, entonces que el contralor interno de la Cámara de Diputados y del Senado, que sea ratificado por el Presidente de la República, entonces creo que ahí sí sería un equilibrio de Poderes”, dijo.
Gutiérrez de la Garza recalcó que de acuerdo a la propuesta del PRI, a partir del 1 de enero de 2016, la Auditoría Superior de la Federación podrá revisar la cuenta pública 2015; si existen denuncias sobre hechos graves, podrá entrar a la revisión en tiempo real “sobre procesos concluidos”.
Es decir, en casos de licitaciones controversiales, la ASF podrá analizar lo ocurrido, pero hasta que concluya el procedimiento, ejemplificó.
Aseveró que se plantea fortalecer a la Función Pública, contar con un Tribunal de Justicia Administrativa que resolverá las sanciones graves, en las que también podrá intervenir la Auditoría Superior; en tanto que las infracciones menores serán atendidas por los órganos internos de control de las dependencias e instancias de gobierno.
Indicó que si la ASF o la Función Pública detectan delitos, deberán denunciarlos ante la Fiscalía Anticorrupción, instancia encargada de perseguir los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos o por particulares.
Agregó que como novedad, el PRI propondrá integrar al sistema anticorrupción al Consejo de la Judicatura, así como a la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que validará la legislación en materia de transparencia y cuya intervención tendrá como fin velar por la armonización de esa normatividad y las disposiciones anticorrupción.
El IFAI tendrá injerencia directa, porque el sistema operará como una instancia para fijar la política pública en materia anticorrupción y observar si los estados o municipios están cumpliendo con dichas normas.
En cuanto a la polémica de si la Auditoría Superior debe o no fiscalizar los recursos propios de los estados, enfatizó que para el PRI no hay cabida para tal situación, puesto que se rompería la figura del Federalismo y cada entidad cuenta con su propio auditor.
Dijo que también se buscará integrar en la Constitución la obligación de los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, de presentar su declaración patrimonial y la de conflicto de intereses.
Asimismo, recalcó que el secreto fiscal no aplicará en investigaciones de casos de corrupción e indicó que dichos planteamientos coinciden con los que han presentado organizaciones de la sociedad civil.
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