MVS. En México casi 300 mil compatriotas han sido expulsados de sus comunidades por amenazas, agresiones o ataques violentos, alerta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, que de acuerdo a sus diagnósticos, confirma que, entre los años 2011 y 2015 (febrero), 281 mil 418 personas se han desplazado de manera forzada en diversos estados de la República Mexicana como consecuencia de la violencia.
En este contexto, la CMDPDH hace un urgente llamado al Ejecutivo Federal a reconocer que en México “el desplazamiento interno forzado es un fenómeno que requiere de una cuantificación objetiva para dimensionarlo y medidas efectivas para proteger a las personas que se han visto obligadas a dejar su lugar de origen por motivo de la violencia generalizada o por violaciones a derechos humanos. Para tales propósitos, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, congruente con su obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas en México, debería extender una invitación al Relator de Naciones Unidas para visitar el país a la brevedad con la finalidad de poder auxiliar a las autoridades mexicanas en la comprensión y atención del problema.”
La CMDPDH precisa que el desplazamiento interno forzado más recurrente, invisible y por lo tanto no registrado, es el que se presenta gota a gota, es decir cuando núcleos familiares pequeños abandonan su comunidad de origen, de manera aislada. Sin embargo, de la cantidad total mencionada, cerca de un tercio corresponde a 141 casos de desplazamientos masivos que se han registrado en 14 de los 32 estados del país. Los desplazamientos masivos consisten en el movimiento simultáneo de 10 o más familias de una misma comunidad, como resultado de un factor de expulsión común, y los mismos han tenido lugar principalmente en los estados de Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
Es muy importante destacar que no se cuenta con información disponible de ciertos estados de la República que registran altos índices de violencia como por ejemplo Tamaulipas, Coahuila y Veracruz.
La agrupación resalta que las personas que han sido forzadas a desplazarse internamente “no cuentan con mecanismos ni instituciones para su protección o asistencia.” La CMDPDH, a partir de su trabajo de representación de víctimas en varios estados de la República ha podido constatar que los gobiernos locales no tienen ni la capacidad ni la voluntad para garantizar y proteger los derechos de este sector de la población, como por ejemplo no investigan efectivamente los delitos que se comenten en contra de la población que es forzada a desplazarse.
Finalmente, dada la alarmante y creciente cifra de población en condición de desplazamiento interno forzado, es fundamental que el Congreso de la Unión legisle en la materia y tipifique al desplazamiento interno forzado como delito federal.
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