Forum en linea. Teresa Gurza.¿Qué puede esperarse de un país, donde cerca de 250 mil indígenas de Chihuahua cuando no está de visita el presidente Calderón para darles malvaviscos asados, hágame usted el favor, sobreviven con pinole; mientras políticos y magistrados reciben de aguinaldo más de medio millón de pesos?
Pues sólo que aumente la indignación por la vergüenza nacional que permite esas desigualdades afrentosas.
Casi al mismo tiempo que esta semana el diario Reforma informaba que los 15 magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), se autorizaron un doble aguinaldo que junto a su sueldo les permitirá a cada uno recibir casi 500 mil pesos este diciembre; El Universal publicaba que rarámuris y tarahumaras no tienen qué comer, porque a su pobreza ancestral se añadió este año la falta de lluvia.
Por eso, no se cosechó maíz ni frijol; ni hubo pasto para las chivas; y los burros y las mulas se están muriendo.
Hasta los conejos huyeron en pos del agua, así que no se puede a costa de ellos mejorar la dieta familiar; y tienen que matar el hambre comiendo sólo pinole.
Y eso que no ha llegado aún el invierno.
Mientras los magistrados defeños hacen cuentas, sonríen, y no saben ya que inventar para justificar sus privilegios económicos, entre los tarahumaras se ha disparado el número de hombres que desesperados por falta de comida, se avientan en las barrancas para quitarse la vida; y aumentan los niños huérfanos o abandonados, porque sus madres tienen que bajar de la sierra a las ciudades en busca de trabajo.
Eso sí, el gobierno presume haber acudido en su auxilio a través del programa Oportunidades Alimentarias, que subsidia a algunas familias con 13 pesos al día.
Pero no hay que criticar pensando que 13 pesos no es nada; porque en festejos extraordinarios como la visita que en estos días hizo Calderón a los rarámuris, que viven en el segundo municipio más rezagado y pobre del país, el presidente les ofreció malvaviscos –”bombones” les dice– asados por él en una fogata.
Muy distinta a la de tarahumaras y rarámuris y más parecida a la de los magistrados del DF, es la feliz situación de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que como otras entidades que al parecer nadie controla, ha cuadruplicado su gasto en los últimos 15 años, pasando de 548 millones de pesos autorizados en 1997 a mil 941 millones de pesos en este 2011.
O sea que se ha convertido en “una institución suntuosa, donde la aplicación de recursos públicos no está relacionada directamente con la resolución de asuntos electorales”, según opiniones de estudiosos y analistas.
Pero aún hay más; porque a la onerosa carga que para el conjunto de los mexicanos representan el TCADF y el TEPJF por los salarios de su alta burocracia, hay que añadir sus prestaciones; como son pago de las colegiaturas de sus hijos; pólizas médicas de las familias; gasolina, chóferes, vehículos y gastos de representación para viajes.
Por ejemplo, y de acuerdo con una nota de Claudia Salazar para Reforma, los magistrados del TEPJF María del Carmen Alanís y Salvador Olimpo Nava hicieron el año pasado, 2010, cuatro y seis viajes a Estados Unidos, Italia, España y Reino Unido; ella dilapidó en viáticos y pasajes, casi 300 mil pesos; él, más de 534 mil.
¿Para cuantas bolsitas de pinole o para cuantos malvaviscos asados alcanzaría? Me da entre horror y flojera hacer las cuentas.
Con razón vemos que los políticos sean del color que sean y se vuelvan o no secretarios de Estado, magistrados, diputados, o lo que mejor les convenga, no quieren vivir en el error de estar fuera del presupuesto.
Y de eso tenemos muchas muestras.
La última corre a cargo de la hermana Cocoa, que pese a que acaba de perder las elecciones de Michoacán y de haberle echado la culpa de su derrota al narco que el hermano todopoderoso afirma tan bien combate, no renuncia a seguir enchufada al erario público; y a menos de un mes de su fracaso, se presenta ahora como candidata a senadora.
La verdad que poco pudor.
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