MVS. Integrantes de 13 organizaciones internacionales y nacionales denunciaron que el gobierno de Colima fomenta la impunidad e incurre en violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos indígenas, principalmente a aquellos que habitan en la comunidad nahua de Zacualpan.
Desde el pasado fin de semana, activistas sociales conformaron una misión internacional de observación que tenía como objetivo verificar las condiciones en las que se encuentran los indígenas de la comunidad de Zacualpan que se oponen a la instalación de una mina de oro en su comunidad.
Durante cuatro días, los observadores se entrevistaron con autoridades locales de los tres órdenes de gobierno, sin embargo jamás pudieron ingresar a Zacualpan porque un grupo de pobladores acusados de apoyar la mina, bloquearon durante dos días el único acceso a la comunidad.
Los integrantes de la misión internacional documentaron la forma en la que el gobierno del estado ha permitido que el grupo de comuneros que está a favor de la instalación de la mina, hostigue y amenace de muerte a la mayoría de indígenas que se oponen al proyecto.
Durante la presentación del informe, los activistas sociales señalaron que el 44 por ciento del territorio de colima está concesionado a empresas mineras, situación que se agrava porque los
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