Notimex. Por contravenir la normativa electoral, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con cinco millones 52 mil 629 pesos por la entrega de boletos para asistir a salas de cine.
Por unanimidad, el pleno determinó que la distribución de 600 mil boletos constituye un beneficio directo, inmediato y en especie para la ciudadanía, lo cual hace patente la prohibición establecida en la ley electoral.
Lo anterior debido a que se considera que la entrega de tales boletos es una forma de condicionar al elector para que vote a su favor.
La multa impuesta equivale a 45 por ciento de su ministración mensual de actividades ordinarias.
Por otra parte, se consideró que la entrega de un libro electrónico es acorde con la obligación de los partidos políticos de editar obras de divulgación y de doctrina política, conforme con la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos.
En tanto, la Sala Regional Especializada del TEPJF determinó que la difusión en radio y televisión del promocional del Partido Acción Nacional (PAN), el cual contiene imputaciones de corrupción alusivos al Presidente de la República, vulneró la normativa electoral.
En el promocional se presentan una serie de imágenes y frases que rebasan el libre ejercicio de la libertad de expresión, ya que los mismos van más allá del debate público sobre el viaje oficial que realizó el presidente.
Lo anterior porque se afirma que tuvo lugar mediante actos de corrupción, sin aportar prueba o elementos que corroboren ilícito alguno.
En ese sentido, el pleno consideró que con base en el modelo de comunicación política debe privilegiarse el debate sobre temas de interés general pero en atención a lo establecido por el legislador, en cumplimiento a lo previsto en el Artículo 41 Constitucional, está prohibida la imputación de ilícitos falsos durante el proceso electoral federal.
En estos términos, el promocional denunciado no reviste un carácter meramente informativo, propio del debate democrático, pues si bien aborda un tema de interés público, lo vincula con un ilícito sin probarlo, lo que no está permitido por la Constitución.
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