Redacción AN. El viernes 22 de mayo México se consternó con la noticia de un nuevo “enfrentamiento” en Michoacán con saldo de 43 muertos: 42 presuntos delincuentes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y una baja de la Policía Federal.
Las fotografías de las víctimas que circulan en las redes sociales muestran a jóvenes con disparos en la cabeza, boca abajo, algunos descalzos o sin playera, con rastros aparentes de quemaduras en pecho y extremidades, varios de ellos desarmados.
En otras fotos se observa la alteración de la escena de los hechos mediante la colocación de objetos, lo que apuntaría a ejecuciones extrajudiciales.
Este hecho sucedió 136 días después de la masacre del 6 de enero en Apatzingán, en la que fuerzas federales habrían matado a por lo menos 16 civiles desarmados, y acontece a menos de un año de las matanzas de Tlatlaya y Ayotzinapa por parte de agentes del Estado.
México es un país de ejecuciones extrajudiciales impunes. Lo han dicho Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch (HRW). Y por esa impunidad, sube el grado de brutalidad por parte de los agentes del Estado.
En Tlatlaya, militares ejecutaron a por lo menos 12 personas en un galerón aislado, en la noche. En Ayotzinapa, policías municipales ejecutaron a 43 estudiantes también en la noche, en un lugar despoblado.
El caso Apatzingán, por el contrario, aconteció en plena ciudad en dos eventos consecutivos: el primero, la madrugada del Día de Reyes en la plaza central de la ciudad. El segundo, durante la mañana, en una avenida transitada, ante los ojos de vecinos y traunséuntes.
En el reportaje Apatzingán: también fueron los militares se presentan en exclusiva documentos ministeriales que revelan la intervención castrense y el encubrimiento por parte de instancias del Estado mexicano.
Estos casos no son los únicos, pero evidencian que México se ha convertido en un país de masacres.
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