Notimex. La Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Publica (Comaip) alista un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acceso a la información pública de Puebla, por considerar que viola el artículo VI Constitucional.
En entrevista, el presidente del organismo, Miguel Castillo Martínez, agregó que exigen a los ciudadanos identificarse cuando presenten una solicitud de acceso a la información.
Refirió que esta sería la segunda que se presenta en Puebla en los últimos días, ya que con antelación se hizo lo propio contra la ley de ingresos del estado, que exige el pago de 80 pesos por cada hoja certificada de información relativa a la Ley de Gasto Público, pese a que la norma federal exige gratuidad en el trámite.
Indicó que la intención de establecer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de transparencia de Puebla se debe a que “están pidiendo en la ratificación del recurso de inconformidad, identificarse”.
Consideró que “esto es violatorio a la ley, que es muy clara, no tiene que identificarse ninguna persona que hagan una solicitud”.
“Sobre ese punto específico de la ley estamos haciendo una análisis para presentar otra controversia, pero también se pueden establecer acciones jurídicas de ciudadanos que se les pida esta información, no la quiere dar y por ello se desecha su recurso, están en su derecho de irse al amparo”, dijo.
A su vez, expuso que en caso de que la PGR o la CNDH no asuman como suya la primera controversia y no se presente la queja por el pago de copias certificadas, como única condición para acceder a la información pública, trabajan en la elaboración de un amparo general contra la ley de ingresos de Puebla.
Este amparo, explicó, estaría encabezada por la sociedad civil a través de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) capítulo Puebla, así como otras instancias como Fundar y la agrupación Artículo 19.
“Todo este trabajo se está haciendo porque consideramos que no obstante tocamos base con los funcionarios del gobierno poblano, hicimos nuestros cabildeos de porqué la norma estaba mal, no atendieron a nuestra solicitud”, señaló.
“Es el resultado de acciones legales, porque no podemos mantenernos con los ojos cerrados en algo que evidentemente viola el derecho de acceso a la información”, enfatizó.
Manifestó que este caso se debe a “la falta de entendimiento en la materia de acceso a la información, el hecho de llegar gobernador o funcionarios nuevos al gobierno, no les da maravillosamente o mágicamente conocimiento de todos los temas”.
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