Senador pide a PGR informar sobre bienes confiscados a “El Chapo”

Agencias. El senador Luis Sánchez solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sobre el aseguramiento de bienes del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y sobre los diversos procesos penales que se le siguen.

Por medio de un punto de acuerdo, el también vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara alta, planteó, además, solicitar a la PGR, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que informen a la Comisión Permanente sobre los procesos de investigación de lavado de dinero en HSBC, Banamex y otras instituciones financieras.

En la exposición de motivos, Sánchez recordó que en febrero de 2014, luego de su recaptura en Mazatlán, Sinaloa, la PGR dio a conocer el aseguramiento de un lote diverso de armamento, así como de 43 vehículos, 16 casas y 4 ranchos.

“Después de la fuga de Guzmán Loera del penal de Almoloya, la PGR ha informado que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de esa dependencia, junto a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, investigan las cuentas bancarias de diversos funcionarios posiblemente involucrados en la evasión del narcotraficante”.

Refirió que, según datos de la CNBV, seis instituciones financieras han sido sancionadas por abrir la puerta a las organizaciones criminales y al lavado de sus recursos patrimoniales producto del narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el pago de piso y la extorsión.

Entre las instituciones bancarias involucradas destacan HSBC, “principal lavador de millones de dólares para la organización criminal de Guzmán Loera”; el Banco Ahorro Famsa, el Deutsche Bank México, The Bank of New York Mellon, el ING Bank y el Barclays Bank México, todos ellos sancionados por vulnerar la legislación en materia de lavado de dinero.

Explicó que en 2012, la CNBV aplicó multas por un total de 379 millones de pesos al banco HSBC, por falta de controles en materia de lavado de dinero, derivado de las visitas de control efectuadas en los años 2007 y 2008, cuyas multas fueron impuestas en 2011 por la CNBV pero pagadas hasta el año siguiente.