MVS. La bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, calificó como alarmante la debilidad y descomposición del sistema penitenciario del país, la cual quedó de manifiesto con la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
El diputado Danner González señaló que el caso de los penales de máxima seguridad es “dramático”, pues sufren de anomalías como hacinamiento, corrupción entre el personal y fallas en sus sistemas de seguridad.
El también secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, recalcó que en el país hay más de 430 cárceles federales, estatales y municipales, las cuales en su conjunto presentan problemas de sobrepoblación, autogobierno y corrupción.
Indicó que de las 24 cárceles federales existentes, sólo 14 albergan al número de reos para los cuales fueron construidas, mientras que el resto están saturadas y enfrentan crisis como motines o bien, fugas como la del líder del Cártel de Sinaloa.
González Rodríguez dijo que ante esa situación, las autoridades de los tres niveles de gobierno deberían actuar con urgencia para atender la crisis.
También pidió que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, qué medidas se han aplicado para mejorar la infraestructura, operación y funcionamiento de los centros de reclusión en el país, y si se ha cumplido o no el mandato constitucional de reinsertar en la sociedad a los infractores.
Añadió que los gobiernos de los estados y el Distrito Federal también deberían enviar a los congresistas un informe sobre las acciones a nivel local, a fin de mejorar las condiciones en los penales a su cargo.
Enfatizó que en distintas ocasiones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha presentado análisis sobre la realidad del sistema penitenciario nacional, los cuales revelan que en al menos 30 por ciento de los penales en el país aplica el autogobierno”, es decir, la autoridad no tiene control alguno y son los internos los que se organizan y toman las decisiones dentro de dichos centros.
Agregó que a ello se suma a que en más del 20 estados, los penales existentes no cuentan con una clasificación adecuada para los internos, por lo que se propicia la convivencia entre quienes cometieron delitos del orden común y del orden federal.
Dijo que según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), más del 30 por ciento de los reclusos en el Distrito Federal y el Estado de México no tienen acceso al agua; entre el 67 y el 58 por ciento no reciben alimento suficiente; el 35 por ciento ha manifestado que no tienen acceso a atención médica cuando lo requieren y el 98 por ciento denuncia que en los penales capitalinos y mexiquenses no hay papel higiénico, pasta dental ni jabón.
Aseveró que las deplorables condiciones en los centros penitenciarios del país no cambiarán, sino hasta que el modelo carcelario se centre en el respeto a los derechos humanos de las personas, en el fomento al trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción social que establece la norma.
Expuso que en el país hay más de 250 mil personas en prisión y su manutención cuesta a los ciudadanos, un promedio de 160 pesos diarios. De modo que la crisis en ese sistema, abundó, obliga a cuestionar cómo se están empleando los recursos públicos destinados a ello.
La problemática en los penales es una “bomba de tiempo” y la fuga de “El Chapo” Guzmán, es un llamado más de alerta para actuar de inmediato, de lo contrario, el esquema penitenciario en México colapsará, advirtió el legislador.
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