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De acuerdo a la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, 102 periodistas fueron asesinados entre 2000 y 2014. Uno de los estados con mayor cantidad de casos es Veracruz, ya que han sido 16 más otros 5 en calidad de desaparecidos. Lo peculiar del asunto, es que los homicidios más brutales se han cometido en el gobierno de Javier Duarte
La extensa red de corrupción del gobernador veracruzano y sus lazos con el crimen organizado han sido cuestionados por un sinfín de periodistas, analistas e incluso figuras públicas, sin embargo el gobierno de Enrique Peña Nieto parece darle vuelta al asunto y no tomar la decisión permanente de investigar lo que sucede en dicho estado.
Desde el mes pasado, diversos medios cuestionaron al Fiscal General, Luis Ángel Bravo, sobre las cifras dadas por el gobierno de Veracruz al Sistema Nacional de Seguridad. Ésto por la falta de datos, las incorrecciones y las incongruencias sobre feminicidios y violencia de género que fueron entregadas por las autoridades. Todo indicaba que los indicadores no estaban bien construidos por alguna razón mística o política.
El tema de Javier Duarte vuelve a colisionar la estructura federal priista, cabe recordar que durante su administración las malas noticias se han convertido en cosa de actualidad. En el mes de julio del 2014, la CNDH investigaba el hallazgo de una fosa común con restos humanos en el municipio Tres Valles y dos semanas antes, 31 cuerpos eran descubiertos en 12 fosas en el municipio de Cosamaloapan, todos con muestras de tortura y mutilaciones.
Por si fuera poco, Veracruz es una de las entidades donde más ha incrementado el secuestro con un 80.56% en sólo 3 años. En lo que va de la administración de Duarte, se han cometido más de 836 homicidios dolosos sin que se genere alguna investigación o consecuencias para los criminales. Adicional a ésto, el tráfico de migrantes es otra cifra en aumento, se estima que el incremento fue de 172% para el 2014.
Los datos son un insulto y muestras de la barbarie que se vive no sólo en Veracruz sino en todo el sureste de la República. Por más de 10 años el Gobierno Federal ha evadido su responsabilidad de preservar la seguridad pública en las fronteras con Guatemala o Belice. Los funcionarios públicos de la región están coludidos por el narcotráfico o la corrupción y ésto es comprobable de una forma ridícula.
En el 2010 el fraude multimillonario del ex gobernador Andrés Granier Melo en Tabasco sacudió la estructura política nacional porque dejó en evidencia la pésima administración pública que tenemos. Para este 2015, los casos de gobernadores con síntomas dictatoriales y represores han ido en alza contra la tendencia de lo que la sociedad demanda. El mundo de la política se torna en ficción y en un mundo de fantasía para la élite de los gobernantes, no sólo por la escasez de legitimidad que generan en la ciudadanía sino por la nula integridad moral que demuestran. El asesinato del periodista Rubén Espinosa toca la herida sangrante de nuestro gobierno y la impracticidad o desgaste de la PGR, pero qué más decir de un tema que nos tiene molestos e intransigentes.
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