A partir de este miércoles y por tres meses portar armas en la capital colombiana será ilegal. Pero, ¿qué tan efectiva será la medida en un país donde abundan las armas no registradas?
Un ambicioso experimento en control de armas empezó a practicarse este primero de febrero en la capital de Colombia, Bogotá.
Y detrás del mismo está un exguerrillero: el alcalde de la ciudad, Gustavo Petro.
A partir de este miércoles y por tres meses esta ciudad de 7,3 millones de habitantes no permitirá la portación de armas de fuego por parte de civiles.
Y si la prohibición -de la que por el momento están excluidos militares y policías retirados, guardias de seguridad y miembros de clubes de caza y pesca- se traduce en una reducción significativa de la tasa de homicidios, la medida podría volverse permanente.
‘Las personas que han comprado armas a las autoridades militares y tienen sus salvoconductos las pueden tener en las casas, en sus negocios. Lo que no pueden hacer es portarlas en sitios públicos, en las calles, en los automóviles’, le explicó a BBC Mundo Antonio Navarro Wolf, secretario de Gobierno de Bogotá.
‘Las estamos preservando de dos cosas: primero de que se vuelva un objetivo de los delincuentes para quitarle el arma, lo cual lo pone en riesgo; y segundo, que la use en un momento de ofuscación’, dijo el exgobernador de Nariño, quien, como Petro, perteneció al movimiento guerrillero M-19 hasta su desmovilización en 1990.
Navarro le dijo a la BBC que no creía que los colombianos fueran más proclives a esos ‘momentos de ofuscación’ que las personas de otras nacionalidades.
Pero los esfuerzos de Colombia por reducir su tasa de homicidios son especialmente relevantes si se toma en cuenta que según un estudio comparativo de la ONG Declaración de Ginebra, publicado a finales del año pasado, Colombia es el quinto país más violento del mundo, por detrás de El Salvador, Irak, Jamaica y Honduras.
Armas ilegales
La elevada tasa de homicidios en Colombia está, por supuesto, vinculada al conflicto armado que todavía continúa y a lo que el profesor de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo describe como ‘un crimen organizado formidable’.
Y los críticos de la medida impulsada por el alcalde Petro han hecho notar que en muy pocos de los homicidios cometidos con armas de fuego en la capital -en 1 de cada 10, según algunos estimados- se emplean armas que están legalmente registradas.
‘Los malosos no le van a hacer caso a ninguna prohibición, así como no le hacen caso a ninguna ley’, le dijo a BBC Mundo Campo Elías Jarquín, quien trabaja como guardia de seguridad.
Pero Navarro Wolf recuerda un viejo estudio que encontró que ‘un tercio de los homicidios de un período durante los años 90 fue producido con armas amparadas con salvoconductos’.
‘Y la verdad es que como el decomiso de armas comprometidas en homicidios es bajo, pues en la mayor parte de los homicidios el arma homicida no es encontrada, el homicida se la lleva, es difícil saber a ciencia cierta cuántas son legales y cuántas no’.
‘Lo que sabemos es que hay armas legales involucradas en homicidios, especialmente en riñas y en actos de intolerancia’, le dijo a BBC Mundo.
‘Y sabemos que hubo unos 1.600 homicidios el año pasado y de esos más o menos el 60% fueron por armas de fuego’, agregó.
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